El PP se quedó sólo en el respaldo a sus tres peticiones, que el portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, argumentó en la necesidad de "un debate serio, con luz y taquígrafos, sobre el PCTV y su vinculación a ETA-Batasuna".

Acusó al Gobierno socialista de no instar a la ilegalización de la formación "abertzale" para no perjudicar una negociación que, en su opinión, ya tiene abierta con el entorno de ETA o por ponerle un "precio mínimo" a esa negociación.

"El suma y sigue apabullante de causas y de evidencias hace extremadamente grave y extravagante" que no se haya instado la ilegalización del PCTV por quienes jurídicamente deberían hacerlo, por lo que la Fiscalía y el Gobierno deben aclarar por qué "se empecinan" en su postura y dar "al menos un motivo" para no hacer cumplir la Ley de Partidos.

Julio Villarrubia, en nombre del PSOE, respondió que no corresponde al Congreso controlar la actuación jurisdiccional del Ministerio Fiscal, porque sería inconstitucional, y acusó al PP de buscar solamente "gresca, bronca, ruido", porque "no resiste el mínimo análisis jurídico lo que aquí se plantea".

"Es bueno relajarse un poco, no estar en la derecha permanentemente enfadada, Galicia puede ser un sitio magnífico", ironizó, para resaltar que "no vamos a debatir demagógicamente, irresponsablemente".

EL ERROR DE LA LEY DE PARTIDOS

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, denunció "el intento de monopolizar no ya la idea de patria, sino de lucha contra la violencia", y recalcó que la actuación del PP demuestra el "error" que supuso la Ley de Partidos.

Constató la paradoja de que a los populares no les vale su propia ley "cuando es otro el Gobierno y tiene otros criterios para instar a ese proceso" de ilegalización administrativa y por "motivaciones e impulso político".

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, rechazó esta comparecencia porque supondría aceptar que el Gobierno tiene algo que decir respecto a la eventual ilegalización del PCTV y compartir, por tanto, el procedimiento dibujado por la Ley de Partidos, que no se aprobó "para salvaguardar ninguna dignidad democrática, sino para utilizarla con fines electorales".

Joan Tardá, de ERC, indicó que la petición de hoy redunda en la idea de partido único que en su día intentó imponer, a su juicio, el Gobierno del PP, y el diputado de CiU Pere Grau indicó que no ve motivos para cambiar el discurso en cuanto a la legalidad del PCTV.