Por 17 votos a favor (16 del PP y 1 del Grupo Mixto -UPyD-) y 20 en contra (PSOE, CiU y ERC-IU-ICV), los parlamentarios rechazaron la propuesta de Díez, que quería que el Gobierno cesara a Conde-Pumpido por no impedir, en las elecciones municipales de 2007, que ANV presentara algunas candidaturas.

Díez acusó al fiscal general de actuar con criterios "arbitrarios" y "no justos" en aquella ocasión. A su juicio, esa actitud ha tenido consecuencias "nefastas" para la vida de los españoles, para la democracia y para la libertad y seguridad de los ciudadanos, en especial vascos y navarros.

La actitud de Conde-Pumpido es "perseguible" y "condenable", según la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). A esta tesis se apuntó también el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Federico Trillo, que apoyó la petición de cese del fiscal.

Trillo consideró que Conde-Pumpido no está avalado por el "débil" pacto de la justicia firmado por Rajoy y Zapatero y tildó de "degradante" la actuación del fiscal general sobre este asunto, al tiempo que le atribuyó "otras culpas políticas", como el "uso arbitrario" de los nombramientos.

El portavoz socialista, Julio Villarrubia, defendió al fiscal general, del que dijo que "tiene una trayectoria intachable" y es un "buen fiscal".

A su juicio, Conde-Pumpido no actuó en ningún momento con arbitrariedad en lo referente a la impugnación de las listas de ANV, porque las pruebas de su vinculación a Batasuna (en el caso de las listas que no se impugnaron en 2007) fueron posteriores a las elecciones.

Además, Villarrubia dijo que con esta petición se está reproduciendo un debate que ya se produjo en el Parlamento en su momento, y que ahora es "extemporáneo".