El texto que han redactado la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, propone un "gran reto" para evitar que "primen los elementos de tensiónsobre los de cooperación".

Además, aborda una definición de la función del Estado como "pieza clave" para "aunar identidades" y planteará la necesidad de establecer un "nuevo esquema de distribución de responsabilidades" entre las distintas administraciones de la España autonómica.

En cuanto al papel del Estado, defiende que el nuevo siglo ha reforzado la visión de "la unidad más eficaz para preservar los intereses, derechos y expectativas de los ciudadanos", especialmente en lo referente a la seuridad o la representación ante el exterior.

Como ejemplo de esa capacidad de "aunar identidades", resalta el "alto grado de identidad de España como nación" que se da entre los ciudadanos de España, independientemente de la existencia de un sentimiento de "doble identidad" en comunidades como el País Vasco, Cataluña y Galicia, en donde ambas identidades "se integran de manera natural".

GARANTIZAR LA IGUALDAD

Otro de los aspectos de la ponencia es el nuevo modelo de Estado autonómico que se ha e abordar en nuestro país, una vez que se ha completado prácticamente el proceso de traspasos de competencias a las comunidades autónomas.

La ponencia del PP plantea debatir cuál ha de ser el nuevo esquema de distribución de responsabilidades entre las distintas instituciones y, a partir de ahí, propone como siguientes pasos a seguir "reforzar los mecanismos de cooperación" entre todas las partes; completar la descentralización, llevando la Administración a los ciudadanos" -a través de la "segunda desentralización", la que va de las comunidades autónomas a los municipios-, y transformar las Administraciones Públicas, modernizándolas y ajustando sus estructuras al nuevo modelo autonómico.

El papel de la Administración central seguirá siendo clave en el nuevo modelo, ya que "sólo el Gobierno puede garantizar la igualdad entre ciudadanos de unas comunidades autónomas y otras" en servicios públicos tan importantes como la educación, la sanidad o las infraestructuras.