Según explicó a Servimedia la diputada socialista, Carmen Figueras, la propuesta trata de que se ayude y se defina legalmente este tipo de empresas, que contratan a personas que padecen situaciones de dificultad y exclusión social, es decir, colectivos como ex presidiarios, ex toxicómanos, minusválidos y parados de larga duración.

La finalidad de esta propuesta, a la que ha tenido acceso esta agencia, es garantizar y promover la inserció laboral de colectivos que están marginados y que ahora, con el crecimiento económico y el incremento de la competitividad, en muchos casos quedan más olvidados aún por la sociedad.

Asimismo, el Pleno, que aprobará mañana la propuesta, pide al Gobierno que ayude a este tipo de empresas -que suelen contar con respaldos de fundaciones benéficas u organizaciones no gubernamentales- para que puedan desarrollarse y cumplir su papel gracias también a mecanismos públicos que compensen los mayores costes que upone emplear a personas con dificultades físicas, psíquicas o sociales.

La propuesta también solicta al Ejecutivo que estas sociedades cuenten conventajas a la hora de acceder a créditos bancarios. La proposición no de Ley contará, al menos, con el apoyo de CiU y del Partido Popular, según confirmaron ambos grupos parlamentarios.

NUEVO CONTRATO ESPECIAL

Además de las bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, que no quedan concretadas en la proposición no de Ley, la propuesta establec la creación de una nueva modalidad de contratación.

Este contrato, según la proposición no de Ley, sería de duración temporal y ofrecería a las personas en dificultad la oportunidad de trabajar en una actividad. El puesto de trabajo -que sería permanente en la empresa- estaría siempre adaptado a las posibilidades y capacidades reales del trabajador. Asimismo, las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho contrato podrían correr, en su mayor parte, a cargo del Estado.

Actualmente, en España exsten entre 200 y 300 empresas de inserción laboral, todas privadas y subvencionadas por fundaciones u organizaciones no gubernamentales. Dichas empresas están reguladas en la mayoría de los países de la Unión Europea.

El Libro Blanco de Asuntos Sociales realizado por la Comisión Europea recomienda acometer políticas activas en materia de inserción social, como la regulación de las empresas de inserción laboral, también denominadas empresas alternativas o empresas de economía social.