El autor de la propuesta, el diputado de Izquierda Unida Pedro Vaquero, recordó que las indemnizaciones previstas por la Ley de Amnistía de 1977 fueron cobrada en 1990, pero sólo en casos muy limitados.

En esa ocasión, cobraron un millón de pesetas los presos que estuvieron en la cárcel un mínimo de tres años y que entonces (1990) contaban al menos con 65 años de edad. En casos de estancias muy prolongadas en prisión, se abonaron complementos de 300.000 pesetas. Vaquero afirmó que entonces se realizó una "discriminación cicatera" y que se deberían ampliar estos baremos.

Todos los grupos aprobaron una enmienda transaccional presentada por el PP, en la qe se insta al Gobierno a que realice un estudio sobre la posible ampliación de estas indemnizaciones antes de que acabe el actual periodo de sesiones, es decir, antes de junio de 1999. El estudio analizará tanto la situación económica de los posibles beneficiarios como el coste de esta medida.

El portavoz popular, José Azpiroz, aseguró que el objetivo es hacer "una reparación, una acción de justicia, una medida de reconciliación" hacia las personas que sufrieron la intolerancia del régimen anterior. Pedro Vaquero recordó en su exposición que sufrieron pena de cárcel muchas personas por hechos como haber expresado libremente su opinión, realizar actos sindicales o alegar objeción de conciencia ante el servicio militar obligatorio.

IU eliminó de su propuesta unos nuevos baremos más generosos, que proponían conceder indemnizaciones a los antiguos presos que estuvieron al menos un año en la cárcel y que ahora cuenten entre 60 y 65 años. La estancia en prisión se reduciría a seis meses como mínimo n el caso de los mayores de esta edad.

Todos los grupos coincidieron en que es muy difícil poner límites objetivos a esta cuestión, por el riesgo de incurrir en nuevas discriminaciones, y acordaron posponer esta cuestión hasta que se realice el estudio.