La resolución acusa a ETA de "estar conculcando los derechos humanos" de Aldaya, "con las secuelas que él mismo y su familia están padeciendo".

"Condenamos una vez más el recurso a la violencia con fines políticos y la práctica del terrorismo, venga de donde venga, bien sea terrorismo de Estado, ETA, GAL...en tanto que perjudica gravemente la convivencia en nuestra sociedad y obstaculiza el aance en la búsqueda de soluciones en una Euskadi que debe progresar con un modelo de pluralidad, tolerancia e integración en la solución de los problemas sociales y políticos que de forma más grave nos aquejan", afirma el escrito.

Según el PCE, la defensa de los derechos humanos seguirá siendo una constante de sus planteamientos políticos y continuará denunciando cualquier tipo de transgresión de la libertad de los ciudadanos, "independientemente de su procedencia".