Según explicó en su intervención ante la Cámara el diputado de Esquerra Joan Tardá, tal y como está concebida ahora la financiación de la ley de dependencia, las comunidades autónomas que tienen un coste de la vida más elevado están recibiendo, en realidad, menos dinero del Estado que las regiones donde ese coste de la vida es menor.

En este sentido, el diputado Popular Miguel Barrachina indicó que su grupo parlamentario comparte "parcialmente" el texto de Esquerra, pero añadió que está "en contra de introducir otro elemento diferenciador entre las comunidades autónomas" como es el del "coste de la vida".

Aunque la "insatisfacción" con el despliegue de la ley de dependencia es "generalizada, quizá sea prematuro" modificar la norma, apuntó Barrachina, quien adelantó que el PP se abstendrá en la votación de esta propuesta de Esquerra Republicana, al igual que manifestaron que lo harán CiU y PNV. El PSOE aseguró que votará en contra y el Grupo Mixto fue el único que dijo que apoyará la propuesta de Esquerra.

En su intervención, la diputada socialista Esperanza Esteve calificó de "prematura" la reforma de la ley de dependencia planteada por Esquerra y pidió a los grupos parlamentarios que se den "un tiempo" para dejar que la norma ruede.

Modificar la ley "de forma prematura puede ser un error y un retroceso en el tiempo", insistió Esteve, quien añadió que la propia norma de la dependencia obliga a su revisión a los tres años de entrada en vigor. Tras este examen, dijo, deberá determinarse si procede o no reformar el texto.

En la misma línea que los Populares se pronunciaron PNV y CiU, que consideraron que lo prudente es esperar un tiemmpo para ver cómo sigue el despliegue de la ley de dependencia y determinar después si debe o no modificarse su texto original.

"Lo prudente es esperar", ya que si bien la propuesta de Esquerra podría aliviar la situación financiera de las comunidades autónomas, no garantizaría la sostenibilidad del sistema a largo plazo, afirmó el diputado de CiU Carles Campuzano.

Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, subrayó que, aunque su grupo sí ve la necesidad de modificar "a corto o medio plazo" la ley de dependencia, considera que, de momento, lo mejor es esperar a que la norma esté plenamente desarrollada y contar, por tanto, con los reglamentos que fijarán el copago de los beneficiarios y los criterios de calidad de los centros que atiendan a personas dependientes.

EL único grupo parlamentario que manifestó su intención de apoyar la proposición de Esquerra Republicana fue el Mixto, que argumentó, mediante su diputada Olaia Fernández Davila, que la ley de dependencia "ha demostrado la deficiencia en su financiación".

OTRAS MODIFICACIONES

Otro de los puntos recogidos en la proposición de ley de Esquerra Republicana se refiere a la financiación estatal de la ley de dependencia en su nivel mínimo, que otorga una cantidad determinada para cada beneficiario, independientemente del servicio o prestación de la ley que reciba.

En este sentido, el texto debatido hoy propone que el Estado tenga en cuenta el servicio concreto recibido por cada beneficiario a la hora de fijar la cuantía destinada a los grandes dependientes.

El texto de Esquerra es partidario también de la creación de dos fondos estatales adicionales destinados a sufragar costes de las autonomías tales como inversiones en centros de atención a personas dependientes, o gastos indirectos de gestión de las prestaciones establecidas por esta ley.

Y es que, recuerda el texto de Esquerra en su exposición de motivos, "la Administración General del Estado aporta recursos económicos sólo en el caso de las plazas nuevas o prestaciones creadas durante el año en curso", pero no lo hace "para el mantenimiento de aquellas plazas creadas anteriormente".

Con respecto al coste indirecto, Esquerra señala que la ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia no considera los gastos derivados de la valoración, la realización del programa individual de atención, el mantenimiento de una base de datos, el servicio de información y reclamaciones y otros gastos derivados de la implantación de un nuevo sistema operativo de gestión de prestaciones.