EL CONGRESO MANTIENE LA PROHIBICION DE QUE LOS VIGILANTES JURADOS LLEVEN ARMAS

MADRID
SERVIMEDIA

La Comisión de Interior del Congreso de los Dputados estudió hoy, a puerta cerrada, la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada. El Grupo Socialista acordó mantener la prohibición de que los vigilantes jurados lleven armas y tengan la consideración de agentes de la autoridad.

La nueva ley establece además fuertes sanciones económicas (de hasta 25 millones de pesetas) para las empresas que incumplan la normativa y señala que el personal de seguridad privada no podrá intervenir en conflictos políticos o laborales que afecten a otros rabajadores.

Por su parte, la Federación Española de Empresas de Seguridad (FADES) considera que si la ley es aprobada en sus términos actuales, provocará graves efectos económicos en el sector, que mueve unos 150.000 millones de pesetas al año.

Los grupos nacionalistas, en especial el PNV, intentarán que durante el trámite parlamentario sea reconocida la potestad de las comunidades autónomas en la regulación de los trabajos que realicen las empresas privadas de seguridad establecidas en su ámbit geográfico.

Izquierda Unida pretende limitar las actividades de los vigilantes en las vías públicas, especialmente en las urbanizaciones residenciales, donde patrullan por calles que no son de uso exclusivo de sus moradores, y establecer que los detectives privados no puedan investigar las conductas de las personas.

La ley diferencia entre las figuras y funciones a desempeñar por los vigilantes de seguridad, jefes de seguridad, escoltas privados, guardas particulares del campo y detectives privaos.

Mientras el Gobierno reconoció recientemente en una respuesta parlamentaria que los vigilantes no tienen la suficiente formación para realizar las tareas que les son asignadas, la FADES encargó una encuesta que señala que el 71 por ciento de los españoles se siente más seguro si en un establecimiento público ve a un guardia de seguridad armado.

Durante los últimos años, gran parte de los organismos oficiales han encargado la custodia de sus sedes a empresas privadas de seguridad y cuatro de elas han sido contratadas para vigilar la Exposición Universal de Sevilla.

En España hay actualmente 2.054 empresas y 66.516 vigilantes jurados, de los cuales 45.800 portan armas, según datos oficiales. Desde hace tres años, las empresas de seguridad privada han tenido un fuerte proceso de expansión, aunque en el sector aún funcionan muchas de forma "pirata".

(SERVIMEDIA)
04 Mar 1992
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