La reforma laboral lleva en vigor ya seis meses y las modificaciones introducidas en el trámite parlamentario han tenido escaso calado, centrándose casi exclusivamente en mejorar la situación de las personas con discapacidad y la modernización de los Servicios Públicos de Empleo.

El Congreso aprobó la mayoría de las enmiendas introducidas en el Senado para incrementar las ayudas a la contratación de personas con discapacidad, salvo las dirigidas a los contratos temporales.

La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa indicó que, si de verdad se respeta el diálogo social, se debe respetar lo pactado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, que lograron el "mejor acuerdo posible".

Desde el PP, su portavoz de Trabajo, José Eugenio Azpiroz, destacó que el paso de la reforma laboral por el Parlamento ha contribuido a mejorar la norma, principalmente en lo referente a las personas discapacitadas.

El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, destacó las mejoras introducidas en esta "minirreforma" durante el trámite parlamentario, y el compromiso adquirido para analizar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo en un plazo de tres meses.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, expresó su posición "crítica" ante la norma, porque es una "nueva oportunidad perdida", una ley "sin pena ni gloria" para mejorar las condiciones laborales y reducir la precariedad laboral, principalmente entre jóvenes, mujeres e inmigrantes, que en ocasiones tienen un empleo "indecente".

Desde el PNV, su portavoz de Trabajo, Emilio Olabarría, también se refirió a las carencias que, a su juicio, presenta una reforma del mercado laboral que el Parlamento se ve obligado a asumir tras ser pactada por el Gobierno y los agentes sociales.

DISCAPACIDAD

Con carácter general, la contratación indefinida de una persona con discapacidad generará una bonificación anual de 4.500 euros al año (600 más si padece una grave discapacidad o enfermedad mental) durante toda la vigencia del contrato, que se incrementará en 1.200 euros en caso de ser mayor de 45 años y en 850 si es mujer.

Lo que no ha prosperado es la petición del Senado de elevar de 2.200 a 3.500 euros al año la bonificación de los contratos temporales de los discapacitados. Sí se mantiene, sin embargo, el que los Centros Especiales de Empleo puedan beneficiarse de las bonificaciones previstas en el programa de fomento del empleo.

Las políticas de fomento del empleo de las personas con discapacidad serán evaluadas por el Gobierno, los agentes sociales y las organizaciones del sector de la discapacidad, aunque sin fijarse una fecha para hacerlo.

De dicho análisis se plantearán una batería de propuestas de modificación, que requerirán un informe del Consejo Nacional de la Discapacidad, no necesariamente favorable.

La ley mandata al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, una Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2007-2008, centrada en disminuir los índices de desempleo y elevar las tasas de actividad de los discapacitados, especialmente las mujeres o quienes tengan dificultades severas de acceso al mercado laboral.