La ley establece las competencias de empleo que tendrán las comunidades autónomas y el Gobierno central. Este punto fue el que provocó el rechazo de CiU a la norma.

Su portavoz de Empleo en el Congreso, Carles Campuzano, afirmó que su rechazo a la norma se produce "con entusiasmo juvenil, porque no es una ley básica e imposibilita que las comunidades autónomas legislen en este ámbito".

La ley presta especial atención a los colectivos con más dificultades para acceder al empleo, caso de mujees, jóvenes, discapacitados, mayores de 45 años e inmigrantes.

El objetivo es que toda política de empleo tenga como eje principal la integración de dichos colectivos en el mercado laboral.

Además, se aboga por implantar tutores que fijen itinerarios de inserción laboral para los desempleados, para lo cual se acuerda aumentar la plantilla de los servicios públicos de empleo hasta que haya un funcionario por cada 200 parados (prácticamente el doble que en la actualidad).

El Pleno de hoy tambin sirvió para que el Congreso ratificara la aprobación definitiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nacida del acuerdo alcanzado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre con CEOE, CCOO y UGT.