Esta jornada se sometió a votación en la Cámara Baja esta iniciativa, cuyo objetivo es "mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos judiciales" y facilitar el acceso a la Justicia mediante la digitalización de los canales de comunicación existentes.

La norma fue polémica por la enmienda aprobada en el Congreso que permitirá agilizar los desahucios en los casos de okupación por allanamiento de morada. Este cambio fue introducido a través de una enmienda del PNV que fue aprobada con el apoyo de PP, Junts, UPN, CC, ERC y Bildu, aunque estos dos últimos partidos aseguraron después que la habían votado por error.

Durante el debate, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu calificó esta norma de “compleja”, pero aseguró que el acuerdo alcanzado es “satisfactorio”. Reconoció que su formación se equivocó a la hora de votar una enmienda que agilizaría los desahucios a okupas, por lo que pidió “disculpas” y afirmó que desde el “primer día” están hablando con los partidos del Gobierno para intentar revertir este hecho.

Por Junts, Josep Pagès i Massó destacó que su partido, durante la tramitación de la ley, se esforzó en “acercar” una ley demasiado “corporativista y alejada de la realidad” a un modelo “cercano” a los ciudadanos. Agregó que esta norma se ha dejado “algunas cosas en el tintero”, como la “Justicia de proximidad en Barcelona”.

Pagès i Massó sostuvo que lo que se debería abordar es la “legitimidad de la Justicia”. En este sentido, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que se comprometa “a reformar a fondo el Poder Judicial, incluyendo una inexcusable reforma para establecer la responsabilidad penal de los jueces cuando delinquen”.

VETO "DE LAS DERECHAS"

Asimismo, la diputada de Podemos Martina Velarde, reiteró su oposición a las enmiendas sobre la vivienda y los desahucios. Criticó al Gobierno por “haber llegado a este Pleno”, puesto que considera que “tenía que haber vetado esas enmiendas antes de que llegase a la Comisión" porque "no son objeto ni materia de esta ley”. Señaló que su fuerza política no iba “ni a recortar en derechos, ni a legitimar desahucios”.

Por parte de ERC, Pilar Vallugera reconoció que su grupo cometió “un error”, pero recordó: “Si alguien ha estado la delantera del derecho a la vivienda y de la defensa de las personas que tienen problemas con la emergencia de vivienda, hemos ido nosotros”. Apuntó así a que “el contenido del error era accesorio” y celebró que, finalmente, “esta ley contiene algunos elementos que han costado mucho y que es importante preservar”, refiriéndose, por ejemplo, a los Juzgados de Paz.

En nombre de Sumar, Enrique Santiago afirmó su oposición al veto “de las derechas” y reiteró la importancia de “dejar sin efectos esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar” desahucios. Santiago considera “bastante cuestionable que lo consiga”, pero, de todas formas, lamentó que “obvia la condición de vulnerabilidad de los inquilinos”. “Es un error no intencionado de algunos grupos que no puede impedir la aprobación de la ley que suprime los visados ''golden visa'”, sostuvo.

"RETROCESO" CONTRA LOS MALOS TRATOS

Desde Vox, Juan José Aizcorbe subrayó su rechazo a este proyecto de ley “y a todo lo que provenga de este Gobierno”. Una reforma de la Justicia, que consideró “a conveniencia del Gobierno, con las exigencias a la carta como de un mercado persa se tratase, para satisfacer intereses colectivos particulares y no generales, con obediencia al separatismo”. “Nuestra obligación es enmendar esta ley y todas las leyes de este Gobierno impostado”, apostilló.

Por parte del grupo socialista, Francisco Aranda confrontó “un Congreso plural frente al sectarismo conservador en un Senado al servicio del PP”. Un PP, agregó, “con ese cinismo que raya ya lo humanamente soportable”, y al que acusó del “bloqueo a la ley, un bloqueo que han llevado hasta el último escalón con este veto en el Senado”. “Han tomado una decisión política, que es renunciar a la política para trabajar solo por el poder, han renunciado a las vías de juego democrático para manosear fuera de esta Cámara, y conseguir lo que esta Cámara democráticamente no les da”, enfatizó.

Finalmente, María Jesús Moro, del PP, defendió el veto en el Senado, y consideró que “si se vota y sale adelante con este texto” se refrendará “el mayor retroceso en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y en la lucha contra la trata”. Un retroceso, dijo, “en uno de los peores momentos de sucesión atroz de asesinatos” por una enmienda “para conseguir el voto de Podemos, sin reflexión, sin acuerdo, saltándose los trabajos del pacto contra la violencia de género que se está negociando en estos momentos para renovarlo".