Durante la celebración de la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad el portavoz de Asuntos Sociales del grupo convergente en el Congreso, Carles Campuzano, denunció que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el año pasado para mantener dichas pensiones a este colectivo excluye, sin embargo, a los beneficiarios que contrajeron matrimonio con anterioridad a su entrada en vigor, en noviembre de 2005.

Por ello, explicó que mediante esta iniciativa, que pretende "resolver" la situación de estas personas, se considere la aplicación de estas prestaciones con carácter retroactivo.

Campuzano trasladó el sentimiento de "indignación" de los afectados y que, según dijo, "no entienden la actitud cicatera de la administración de la Seguridad Social".

Además, precisó que el coste que puede suponer al Estado el mantenimiento de estas pensiones es "perfectamente asumible".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de sustitución a la cuestión planteada por CiU, por la que insta al Gobierno a realizar un estudio sobre la posibilidad de aplicar tales cuestiones "teniendo en cuenta la necesidad de mantener el respeto y la coherencia con las normas y principios que rigen nuestro sistema de la Seguridad Social".

El Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó también una enmienda de sustitución en la que solicita al Ejecutivo la realización de un estudio en el plazo máximo de 4 meses, en el que evalúe el impacto económico, el número de personas afectadas y el número de prestaciones de la Seguridad Social implicadas en el caso de que se dotara este carácter retroactivo al mantenimiento de estos pagos.