Esta propuesta partía de una proposición no de Ley de CiU, enmendada por el PSOE, y respaldada por en resto de grupos parlamentarios.

La propuesta de CiU urgía a, una vez aprobada la concesión de la Renta, "proceder al rápido pago de la misma, con el fin de que el cobro de la ayuda, en ningún caso, supere los dos meses desde la presentación de la solicitud".

Al final, tras una enmienda de sustitución del PSOE, el texto aprobado reza que una vez notificada la concesión "el pago de la ayuda se realice en un periodo no superior a dos meses".

El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, expuso casos de jóvenes que afirmaban llevar esperando la ayuda hasta ocho, y señaló que "cuando la clase política vende algo y la realidad es otra hay un alejamiento muy importante" con la ciudadanía.

"Sólo hay que entrar en los foros de Internet para ver lo que nuestros jóvenes escriben sobre la Renta Básica de Emancipación", señaló Macias, quien agrego que en la legislación "no hay plazo para una vez se haya notificado la concesión", se efectúe el pago.

Desde CiU afirmaron que "debemos hacernos eco de esta preocupación ciudadana y establecer mecanismos para que los jóvenes no se defrauden".

Desde el PSOE, Joan Ruiz i Carbonell defendió que en la concesión de las ayudas hay un "exhaustivo sistema de control del fraude", e indicó que "en un buena medida superados los problemas informáticos de los primeros meses y la avalancha" de solicitudes, es responsabilidad de las comunidades autónomas que "estén cobrando mayor o menor número" de jóvenes.

El diputado del PSOE se mostró confiado en que a 31 de septiembre "nos encontraremos con una cifra elevada" de jóvenes que estén recibiendo ya la Renta Básica de Emancipación.

PROPUESTAS RECHAZADAS

Por su parte, el portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos,consideró que un plazo de dos meses es "generoso" y mostró su apoyo a la propuesta "en orden de que se agilice" el pago de la ayuda.

Matos defendió en la Comisión tres proposiciones no de ley que fueron rechazadas, una de ellas sobre la eliminación o reducción de una serie de impuestos que gravan la vivienda y que dijo "encarecen su precio en cerca de un 17%", como son, por ejemplo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados.

Otra proposición rechazada destacaba la necesidad de dotar a los ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente para impulsar el desarrollo de viviendas protegidas. "Cuando el sector está a la baja, no impulsar la construcción de VPO es un disparate", dijo Matos, quien señaló además que "si no hay más vivienda protegida es porque no hay suelo, si se pone suelo, se puede satisfacer la demanda".

La Comisión de Vivienda rechazó también una proposición no de ley de ERC-IU-ICV sobre la crisis del sector de la construcción, defendida por Gaspar Llamazares, quien destacó que es el momento de promover un "cambio en el modelo urbanístico" a la par que medidas que "incentiven el sector". El objetivo es que "la producción de viviendas coincida con la necesidad de uso", a través de una mejora de la financiación local y la aplicación de la Ley del Suelo en todo el país, entre otros.