En su defensa de la iniciativa, desde Sumar, el diputado Félix Alonso Cantorné precisó que, frente a las grandes administraciones de lotería que estos días se llenan de clientes, “por el lado de los pobres, cualquier punto de venta de la lotería que cada día vende menos, con menos comisiones, reducidas y en retroceso”.

A su juicio, las grandes “pueden disponer de más recursos para hacerse una buena web”, mientras las pequeñas “deben valorar otras opciones como contratar a comercializadoras, que ahora mismo están sin licencia”.

En este contexto, explicó que el “primero de los problemas” que su grupo pretende “resolver” con esta PNL es el de la “inseguridad jurídica” que, a su entender, “ha supuesto que el operador Selae haya mirado hacia otro lado” ante el “crecimiento” de un modelo de comercialización de lotería que “es la única opción de subsistencia para muchas administraciones pequeñas”.

Junto a ello, avanzó que el “segundo de los temas que interesa resolver” con esta iniciativa es “impedir” el acceso de los menores de edad a los productos de lotería “aprovechando” este “nuevo tipo de fórmulas” de comercialización en las que “no existe una relación directa o presencial entre el vendedor y el comprador”.

“El acceso de los menores a los juegos de azar no es un tema que haya que menoscabar; los jóvenes pueden ver, y a menudo lo hacen, el juego como el ascensor social que en mi generación buscaba en la universidad”, apostilló, al tiempo que urgió a las administraciones públicas a “luchar contra esta percepción errónea” y “hacer todo” lo que esté en su mano para que “esa ilusión que es la lotería no se convierta en la pesadilla que supone la ludopatía”.

ENMIENDAS

En defensa de las enmiendas presentadas, Vox juzgó “muy importante” la articulación de sistemas de verificación de identidad “más robustos” y afeó que en la proposición “se ignora la necesidad de actualizar la legislación vigente para adaptarse al entorno digital”.

Para la formación de Santiago Abascal, esta PNL “corre el riesgo de ser inadecuada e ineficaz limitando su capacidad para elaborar una regulación efectiva ante los desafíos”, consciente de que los “crecientes problemas” asociados a la adicción al juego “se ven agravados por la facilidad de acceso”.

A este respecto, hizo referencia a un estudio de prevalencia de juego entre 2022 y 2023 elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego según el cual “hay un 15% del total de personas que juegan que lo hacen ya en juegos de recompensa instantánea”, que, dijo, “es lo peligroso”.

Tras puntualizar que, según dicho informe, el 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que participan en apuestas online “desarrolla una adicción y problemas con el juego”, explicó que, aunque se califican como loterías, la característica de la inmediatez confiere a las presorteadas “un mayor potencial adictivo que la lotería en general”.

“Riesgo que es aún mayor entre los jóvenes por su tendencia relacionada con la evolución tecnológica y en particular por el auge de las redes sociales y que buscan una gratificación inmediata”, prosiguió, al tiempo que indicó que, según consta en el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos, la lotería instantánea o presorteada “es el juego de mayor crecimiento en estos últimos años”.

MUY POCO CONTROL

En este punto, denunció que la adicción de los jóvenes “tiene muy poco control”, dado que, además, “no en todos los casos se solicita su identificación” e insistió en la importancia de tener un sistema de verificación “robusto” e “integrar” el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego con los sistemas de lotería online mediante la “interconexión efectiva” y “garantizando así la protección de las personas con problemas de la adicción al juego”.

“Nos parece que esta PNL no va a evitar que los jóvenes no puedan jugar y, en consecuencia, votaremos que no”, resolvió.

Por su parte, el PSOE recordó que el juego de lotería “también se ha adaptado a la llegada de las nuevas tecnologías”, una cuestión que, según su criterio, “se escapa de la regularización anterior basada en los métodos tradicionales”.

“Poder regular las modalidades con el fin de prevenir las conductas adictivas, luchar contra el fraude y, en definitiva, salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos supone garantizar la protección del orden público”, continuó, convencida de que la “seguridad” en el juego online “es uno de los principales asuntos que abordar” en el marco de la “inclusión” de las nuevas tecnologías en la venta de lotería online.

“Por ello, consideramos esencial que este debate se centre en un consumo controlado, que se aborden los requisitos concretos de protección de los derechos de los consumidores en la venta electrónica exigiendo, como se haría en el caso tradicional, las licencias, autorizaciones y registros pertinentes a las empresas dedicadas al sector”, abundó.

En paralelo, estimó “imprescindible” que las entidades y páginas web colaboradoras en la comercialización de estos productos cumplan con los requisitos establecidos en la legislación pertinente asegurando el cumplimiento estricto de la misma especialmente hacia los “posibles efectos perniciosos de la adicción al juego”, un trabajo que, dijo, “debe estar supervisado para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de las personas consumidoras”.

LA REGULACIÓN DEBE ACTUALIZARSE

Tras reivindicar que la regulación “debe actualizarse y ser la garantía de que los derechos de las personas consumidoras se cumplan, tanto en los métodos tradicionales como en las nuevas o formas online”, recordó que en la pasada legislatura se abrió un procedimiento de participación pública para “fijar” los requisitos para la comercialización de juegos de loterías por entidades colaboradoras de estos productos y por páginas web, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de los puntos de venta que forman parte de la red externa de los operadores habilitados y que la convocatoria electoral “paralizó” la tramitación del proyecto de resolución.

En este sentido, juzgó “preciso volver a abordar cuanto antes una regulación que permita proteger todos los intereses en juego” y en su enmienda de modificación, instó al Gobierno a “estudiar” la “procedencia” de establecer, previa consulta a las operadores habilitados y solo en la medida en que los mismos tuvieran previsto abrir la línea estratégica de trabajar con terceros comercializadores, una “regulación” de los requisitos “exigibles” para la comercialización de los juegos de loterías por entidades colaboradoras en la comercialización de estos productos “de forma que se garantice la protección de los consumidores”.

Junto a ello, urgió al Ejecutivo a regular las cuestiones relativas a juego responsable y entornos más seguros de juego, normativa de prevención de blanqueo de capitales y la financiación y la verificación de identidad de jugadores. “Todo ello, con protección de datos o límites económicos en la operativa del juego, entre otros, sobre todo en la comercialización telemática”, resolvió.

Por último, el PP hizo hincapié en que, en 2022, la Dirección General de Ordenación del Juego publicaba un proyecto de resolución que establecía los requisitos “para cumplir lo que esta PNL propone” y que el 13 de enero del 2023 lo sacaba información pública.

PARÁLISIS

“Ya ha pasado un año de las elecciones, ustedes lo que no quieren es hacer nada, no quieren gobernar y ese es el problema”, aseveró, al tiempo que afeó una “inacción” del Gobierno que “tiene serias consecuencias para todo el colectivo de administradores de lotería”, a los que “siguen engañando”.

En la misma línea, se preguntó “por qué el Partido Socialista retiró una PNL exactamente igual que esta hace meses, qué presiones hubo desde el Ministerio de Hacienda”.

“La compra de loterías por canales electrónicos se ha incrementado de manera exponencial y, a pesar de este crecimiento, el Gobierno no ha tomado medidas concretas para regular adecuadamente esta actividad en el entorno digital”, lamentó, al tiempo que consideró “necesario y urgente” que el Ejecutivo “actúe” para establecer una normativa “clara” que “proteja” a los consumidores y, “especialmente, a los colectivos más vulnerables”.

Por todo ello, y dado que, a su juicio, el sector “necesita una regulación responsable y adecuada”, el PP presentó una enmienda que, según el diputado, “deja mucho más claras las demandas del sector” y, a su vez, “fija un plazo para cambiar esta situación”.