De estas tres enmiendas a la totalidad, la de CiU y la del PNV tenían un texto alternativo al propuesto por el Gobierno. La de EA, por su parte, pedía la devolución del proyecto al Ejecutivo.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, indicó que la futura norma establece "un nuevo derecho universal y subjetivo de ciudadanía que garantizará la atención a las personas dependientes" y reiteró su oferta de consenso con todos los grupos de la Cámara.

Recordó que a partir de 2007 todos los españoles que lo soliciten serán evaluados para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que tienen derecho y que el Ejecutivo garantiza la igualdad de todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residan mediante la financiación del contenido básico del derecho.

622 ENMIENDAS

La portavoz de Asuntos Sociales del Partido Popular, María Salom, calificó la Ley de Dependencia como una "mala ley, con tan sólo 50 artículos y 622 enmiendas, que se ha presentado con retraso, que no ha contado con nadie y que carece de anclaje legal y constitucional. Una ley de izquierdas que excluye a la mayoría de los grupos y organizaciones".

Salom también criticó que la ley no garantice ni la igualdad, ni la solidaridad, ni la equidad entre los ciudadanos, ni que recoja un compromiso claro con la atención a los menores dependientes de tres años y demandó que las personas con una gran dependencia sean atendidas de forma gratuita.

Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, calificó la Ley de Dependencia como una norma "más propia de las políticas sociales de los años 80 que del siglo XXI" y cuestionó que desde el artículo 149.1 de la Constitución sobre el que pivota esta ley "se pueda configurar un sistema de atención a la dependencia".

Además, Campuzano denunció que la ley no garantiza que las clases medias puedan tener acceso a este nuevo derecho.

El diputado del PNV Emilio Olabarría pidió al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que retirara el proyecto "porque invade todas las competencias autonómicas y nadie nos puede asegurar que, en un futuro, incluso pueden llegar a vaciar de contenido esas competencias autonómicas".

Asimismo, Olabarría acusó al proyecto de ley de dejar fuera a dos millones de dependientes y calificó de "cachondeo" la financiación de la norma.

Por otro lado, la diputada de IU-ICV, Carmen García, utilizó el llamado turno en contra que prevé el reglamento de la Cámara para estas ocasiones para oponerse, en concreto, a la enmienda a la totalidad presentada por CiU, por entender que responde, únicamente, al enfado de Convergencia por no haber podido negociar en solitario con el Ejecutivo el apoyo a la norma.

García aseguró que "24 horas antes de presentar la enmienda a la totalidad, CiU estaba decidida a firmar un acuerdo con el Gobierno que se situaba en la misma línea que las enmiendas que nosotros, junto con ERC estábamos negociando paralelamente y que Vd. además, conocía".

Olabarría, entonces, utilizó su turno de palabra para lamentar que el debate sobre la Ley de Dependencia había degenerado en una confrontación dialéctica catalana entre IU-ICV y CiU.

El Bloque Nacionalista Gallego tampoco apoyó las enmiendas a la totalidad, ya que, según la diputada Olalla Fernández "la ley sí respeta las competencias autonómicas". ERC tampoco apoyó las enmiendas.