Este proyecto de ley transpone al ordenamiento jurídico español, entre otras, la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, norma que busca introducir exigencias de accesibilidad mínimas para determinados bienes, productos y servicios a fin de asegurar la no discriminación de las personas con discapacidad.

El próximo martes se reúne a puerta cerrada la ponencia del referido proyecto de ley que examinará y fijará posición sobre las numerosas enmiendas presentadas al texto del proyecto de ley, muchas de las cuales reproducen, en el bloque de accesibilidad, propuestas realizadas a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Con sus sugerencias de enmiendas, la plataforma representativa global de la discapacidad pretende “reforzar y hacer más exigentes, en su transposición al Derecho interno español, los contenidos de la Directiva (UE) 2029/882, ya que los Estados, respetando los mínimos de la norma europea pueden mejorarla dotándola de prescripciones de accesibilidad universal más intensas”.