Esta es la segunda derrota parlamentaria del Gobierno en la tramitación de una ley desde que perdió el apoyo parlmentario de Convergencia i Unió. La primera fue en la votación de la Ley de Presupuestos del Estado para 1996.

El portavoz del Grupo Socialista que actuó en defensa del proyecto, Fernando Gimeno, declaró a Servimedia que esta derrota parlamentaria, por 155 votos contra 148, se produjo por la votación contraria de Izquierda Unida, Partido Popular y Convergencia i Unió. El PNV se abstuvo.

Gimeno destacó que se trata de una "victoria pírrica", puesto que no había ninguna posibilidad de que esta ley uera tramitada antes de las elecciones generales de marzo, al tiempo que subrayó que, en todo caso, el PSOE habría podido ganar si hubiesen estado presentes todos sus parlamentarios.

El portavoz socialista explicó que contra el proyecto del Gobierno, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 8 de setiembre, se presentó la enmienda a la totalidad de IU y otra enmienda con texto alternativo promovida por el Partido Popular, que no llegó a votarse, al prosperar la inicativa de Izquierda Unida. Gimeno recalcó que la propuesta del Partido Popular no habría salido adelante en ningún caso y que el PP "ha preferido votar la de Izquierda Unida, con lo que se ha dado una pequeña satisfacción", sin arriesgarse a una derrota de su enmienda con texto alternativo.

El portavoz del PSOE hizo hincapié en que "todos sabíamos que esta ley no iba a entrar en vigor porque no daba tiempo a tramitar ni siquiera la fase de enmiendas en el Congreso, por lo que no tiene ninguna consecuencia práctica", aunque amitió que a los diputados socialistas no les ha gustado perder la votación.

En la discusión en pleno, el ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que el proyecto tenía por objetivo "un mayor rigor en la actividad financiera pública", así como introducir un mayor nivel de transparencia en las relaciones entre el Estado y la comunidades autónomas.

El portavoz de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, dijo que el proyecto del Gobierno permite al Ejecutivo "autorizar, suprimir, mover, quitar crédito de programas y de ministerios", pero "no nos garantizar un mayor control parlamentario de los gastos aprobados por las Cortes".

Por el Grupo Popular, Miguel Cabrera acusó al Gobierno de haber incrementado la deuda pública de 5,29 a 40 billones de pesetas entre 1982 y 1994, y de haber elevado la presión fiscal en 9,5 puntos durante el mismo periodo. Afirmó que el proyecto "sería incacapaz de moderar la arbitrariedad en la potestad de gasto del Gobierno y reduce las potestades de control parlamentario obre la disciplina en la gestión presupuestaria".

El proyecto de Ley General Presupuestaria, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 8 de setiembre, venía a sustituir al texto refundido de la Ley General Presupuestaria de setiembre de 1989, y fue ultimado después de que en el debate del Estado de la Nación de 1994 se aprobara una resolución instando al Ejecutivo a presentar un nuevo proyecto de ley sobre esta materia.

El nuevo proyecto, según el Gobierno, daba un nuevo impulso a la aplicación e la contabilidad analítica en los servicios públicos, para conocer su coste real y valorar su eficiencia, entre otras cosas.

Además, el texto vinculaba la aprobación de modificaciones a la la mejora del cumplimiento de los objetivos de cada programa de gasto, y define claramente las fases del proceso presupuestario.