La propuesta, respaldada por todos los grupos parlamentarios, insta al Gobierno a trabajar por el respeto al derecho internacional mediante la aplicación de la legislación humanitaria a las personas "retenidas", garantizando en el menor plazo de tiempo un juicio justo y público, con un tribunal competente, independiente e imparcial.

Por otro lado urge al Ejecutivo a condenar todas las formas de tortura y malos tratos y reclamar el pleno respeto a los derechos humanos y civiles en la lucha contra el terrorismo, y a seguir colaborando en este objetivo desde el respeto al Estado de derecho y el imperio de la ley.