Esta propuesta nace de una proposición no de ley de IU-ICV con la que la diputada Carme García pretende que las personas que cobran este tipo de pensiones, unas 500.000 en el Estado español, reciban cuantías en función de su situación personal.

Así, IU señala que la legislación sobre pensiones no contributivas se sustenta sobre las rentas de la unidad familiar, lo que genera perjuicios para las personas con discapacidad al impedirles el ejercicio de sus derechos y la plena integración social en el caso de que deseen desarrollar un proyecto de vida autónomo e independiente del núcleo familiar.

La diputada de IU-ICV considera "muy positivo" que se haya aprobado esta iniciativa porque una vez estudiada la situación de todas las personas perceptoras de este tipo de pensiones se podrá adaptar la legislación a la realidad de las mismas de forma que se evite la actual discriminación a que están sometidas las personas con discapacidad.