El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, saludó en su discurso ante el Pleno, a los representantes de las personas mayores y discapacitadas, que se encontraban en tribuna de invitados y destacó la aportación de toda la sociedad en el desarrollo de la nueva norma. Citó, concretamente, a las asociaciones de mayores, al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a ayuntamientos, comunidades y agentes sociales.

Asimismo, reconoció que esta ley "es mejor que la que llegó a la Cámara, gracias a las aportaciones y al trabajo de los grupos parlamentarios". Tampoco se olvidó de darles las gracias a los sindicatos y empresarios.

Caldera reiteró que ninguna persona quedará fuera del sistema de atención que creará la ley por falta de recursos económicos, como tampoco quedarán fuera los menores de tres años, que, dijo, "en verdad nunca estuvieron fuera", ni las personas con discapacidad intelectual.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

El titular de Asuntos Sociales reconoció que el texto "todavía no ha alcanzado el acuerdo pleno" entre todos los grupos parlamentarios, ya que hoy se envió a la Cámara Alta sin el apoyo del PNV y CiU, quienes consideran que la norma invade competencias autonómicas en materia de Servicios Sociales.

En este sentido, Caldera indicó que "las CCAA tienen y ejercen sus competencias en materia de Servicios Sociales" y que el Gobierno estatal no tiene intención de invadirlas con esta ley.

Destacó el papel que ha jugado el llamado tercer sector, que tiene "un lugar privilegiado en este proyecto de ley", como también lo tendrán las entidades locales, que son las que trabajan día a día con los beneficiarios de la norma.

En el debate previo a la votación del dictamen y de las enmiendas parciales de distintos grupos parlamentarios, el diputado del PNV Emilio Olabarría dijo que su grupo no apoyará la norma, no sólo porque invada competencias autonómicas, sino también porque "no es universal" y porque en enero del año que viene no se va a poder poner en práctica, como prevé el texto, al no estar desarrollado su articulado. "Esta ley no se va a aplicar porque no hay estructuras para poder aplicarse", agregó.

En esta línea, el diputado de CiU Carlos Campuzano aseguró que la invasión competencial de la norma se ha agravado durante el trámite parlamentario y que, además, la ley "no garantiza suficiencia financiera de las comunidades para hacer frente a las necesidades de las personas dependientes".

"No protege a las personas más débiles" y configura "un sistema de copago incierto", añadió Campuzano, quien señaló también que la norma "excluye a las personas con discapacidad intelectual" y a quienes padecen alzheimer en su primera fase. La ley, agregó, "va a perjudicar especialmente a los dependientes de Cataluña, País Valenciano y Madrid" y no se va a cumplir el 1 de enero.

"APOYO CRÍTICO" DEL PP

Por otro lado, la diputada Popular María Salom reconoció que se "está mejorando el texto presentado inicialmente", si bien añadió que se ha retrocedido también en la tramitación" al llevar a cabo, por ejemplo, "una depuración 'lingüístico-nacionalista'" eliminando el término "nacional" del sistema que creará la norma.

Salom calificó de "rácana" la financiación con que contará el sistema el año que viene y acusó a Caldera de no haber comparecido "todavía" ante la comisión para la Discapacidad del Congreso de los Diputados. Reiteró también que su grupo da "apoyo crítico" a una ley que no será de "izquierdas", como dijo en su día Caldera, sino de todos.

Carmen García, de IU, aseguró que, aunque su grupo quería una ley financiada por la Seguridad Social, "algo que no hemos conseguido", apoya esta norma. Tuvo un recuerdo especial para los sindicatos y las personas que trabajan en el tercer sector, tanto laicos como religiosos, que llevan años cuidando de las personas dependientes.

Esquerra Republicana, a través de su diputado Juan Tardá, señaló que esta ley, sin ser la que más le "pudiera satisfacer, sin duda se convertirá en la de mayor calado de esta legislatura y, quizás, de la década". Indicó también que, en su tramitación, ha habido "buen entendimiento" con el Ministerio de Trabajo y que la supresión del término "nacional" del nombre del sistema que creará la norma no ha supuesto que se "hunda ESpaña".

Por su parte, el Grupo Mixto y Coalición Canaria retiraron sus enmiendas todavía vivas para contribuir al consenso necesario que, según dijo el diputado canario Román Rodríguez, requiere la tramitación de esta ley, quien subrayó, no obstante, que "hay ámbitos todavía no reglados adecuadamente" que tendrán que mejorarse durante el paso de la norma por el Senado.