El texto, acordado entre el Ejecutivo central y el del archipiélago, fue registrado el pasado lunes por los grupos de PSOE, Sumar y Coalición Canaria.

Pretende resolver la saturación que se vive en las islas, que atienden a casi 6.000 menores, y, en menor medida, en Ceuta y Melilla. En todos estos gobiernos está el PP –en Canarias ostenta la vicepresidencia–, que, a nivel nacional, se inclina por el 'no' en estos momentos.

LOS TRASLADOS

La iniciativa prevé que el mecanismo de reparto se active cuando la capacidad del sistema de protección en una comunidad autónoma alcance el 150% de su capacidad de ocupación, y establece que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.

En la actualidad, estos repartos dependen de la voluntariedad de las comunidades autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre la tutela y protección de los menores no acompañados, y el proceso suele demorarse más de un año.

La proposición recoge los mismos criterios para la distribución de menores aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en 2022 para los repartos voluntarios.

Entre otros parámetros y mediante un sistema de puntos, propone tener en cuenta la población de cada territorio, su nivel de renta, su tasa de paro, las plazas destinadas a estos menores en sus sistemas de protección y la dispersión de la población.

En función de dicho sistema, casi 4.000 menores deberían salir de Canarias. La proposición prevé que los niños y niñas que ya han llegado puedan ser trasladados en el plazo de un año.

Contiene además criterios relativos a la financiación y establece un plazo de tres meses para modificarlos, decisión que, en su caso, habrá de ser ratificada por el Ministerio y las comunidades autónomas en una conferencia sectorial.

SIN APOYOS

Puesto que la de Extranjería es una ley orgánica, su reforma precisa mayoría absoluta para salir adelante, aunque de cara a la admisión a trámite, basta con que obtenga más síes que noes.

Esto significa que una abstención del PP permitiría que la iniciativa se tramitase, aunque de cara a su aprobación sería necesario un voto afirmativo (o conseguir el respaldo de todos los grupos de la investidura).

Por el momento, los apoyos parlamentarios no están garantizados, ya que Junts ha anunciado que rechaza la iniciativa y el PP no aclara el sentido de su voto. Vox se opone, y ERC podría abstenerse.

DEMANDAS DEL PP

El principal partido de la oposición, cuyo respaldo solicita el Gobierno, planteó una serie de exigencias para apoyar la proposición. Entre ellas, pide la declaración de emergencia migratoria aprobada en Canarias a todo el territorio nacional y crear un fondo de contingencia para acoger a más menores, así como la garantía de que habrá una financiación sostenida hasta que estos cumplan la mayoría de edad.

Considera además que el Gobierno debe aportar los medios y gestionar la situación cuando las autonomías lleguen al límite, como ya sucede en Murcia o la Comunidad Valenciana, que están por encima del 150% de sus capacidades.

Por último, censura que el Gobierno no tenga una política migratoria como la de Italia o Grecia, y aboga por un mayor control de fronteras para disuadir a las mafias, negociar con Europa su participación en la relocalización de menores y llegar a acuerdos en los países de origen para evitar la salida de pateras.