El texto, acordado entre el Ejecutivo central y el del archipiélago, fue registrado el pasado lunes por los diputados del PSOE, Sumar y Coalición Canaria.

Pretende resolver la saturación que se vive en las islas, que atienden a casi 6.000 menores, y, en menor medida, en Ceuta y Melilla. En todos estos gobiernos está el PP –en Canarias ostenta la vicepresidencia–, que, a nivel nacional, se inclina por el 'no' en estos momentos.

LOS TRASLADOS

La iniciativa prevé que el mecanismo de reparto se active cuando la capacidad del sistema de protección en una comunidad autónoma alcance el 150% de su capacidad de ocupación, y establece que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.

En la actualidad, estos repartos dependen de la voluntariedad de las comunidades autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre la tutela y protección de los menores no acompañados, y el proceso suele demorarse más de un año.

La proposición recoge los mismos criterios para la distribución de menores aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en 2022 para los repartos voluntarios.

Entre otros parámetros y mediante un sistema de puntos, propone tener en cuenta la población de cada territorio, su nivel de renta, su tasa de paro, las plazas destinadas a estos menores en sus sistemas de protección y la dispersión de la población.

En función de dicho sistema, casi 4.000 menores deberían salir de Canarias. La proposición prevé que los niños y niñas que ya han llegado puedan ser trasladados en el plazo de un año.

Contiene además criterios relativos a la financiación y establece un plazo de tres meses para modificarlos, decisión que, en su caso, habrá de ser ratificada por el Ministerio y las comunidades autónomas en una conferencia sectorial.

SIN APOYOS

Puesto que la de Extranjería es una ley orgánica, su reforma precisa mayoría absoluta para salir adelante, aunque de cara a la admisión a trámite, basta con que obtenga más síes que noes.

Esto significa que una abstención del PP permitiría que la iniciativa se tramitase, aunque de cara a su aprobación sería necesario un voto afirmativo, o conseguir el respaldo de todos los grupos de la investidura.

Por el momento, los apoyos parlamentarios no están garantizados, ya que el PP anunció el domingo que no podía respaldaría iniciativa. En su día, Junts avanzó que rechaza la proposición, a la que también se opone Vox.

DEMANDAS DEL PP

El principal partido de la oposición, cuyo respaldo solicita el Gobierno, planteó una serie de exigencias para apoyar la proposición, tales como la declaración de emergencia migratoria aprobada en Canarias a todo el territorio nacional, la creación de un fondo de contingencia para acoger a más menores, y la garantía de que habrá una financiación sostenida hasta que estos cumplan la mayoría de edad.

El líder popular, Alberto Núñez Feijoo, empleó ayer lunes un discurso muy duro sobre inmigración, e invitó al Gobierno a aceptar “cesiones” para pactar la reforma.

Desde el PSOE indicaron su intención de no retirar la propuesta aunque el Congreso la rechace.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró confiar en que “como mínimo, el PP se abstenga” y permita tramitar la iniciativa.