El PNV expone en su enmienda de totalidad que las dos reformas quese pretende abordar demuestran que "no se han valorado con suficiente sosiego sus consecuencias sociales y jurídicas".

"Tras ellas", agrega el PNV, "se esconde un voluntarismo estéril no acompañado de un análisis objetivo de la situación actual, ciertamente de persistente y cruel violencia terrorista, que no se corregirá ni evitará por cambios legales, sino por la eficacia en la persecución y la condena efectiva de las conductas delictivas que el Código Penal ya prevé con suficiencia".

Agrega que"ninguna reforma penal puede pasar por alto que para juzgar y condenar al autor de un hecho delictivo, primero debe detenérsele por la policía, el fiscal debe acusarlo y el juez, si hay pruebas, debe condenarlo. Y para todo ello la actual legislación es suficiente".

En cuanto a la técnica jurídica, el PNV expone que la represión del crimen en beneficio de la libertad se aborda en lo que al Código Penal se refiere, sin que el articulado responda a lo que es el fundamento declarado de la reforma en la eposición de motivos: responder a la delincuencia aledaña con el terrorismo".

Añade que "las tipificciones efectivas, en el texto, se hacen sin referencia alguna a datos que manifiesten ese fenómeno, de tal manera que su ámbito se extiende a cualquier autor o conducta con independencia de su relación con el mismo. Así ocurre en la reforma de los artículos 266, 346, 351 y 505, en los que el aumento de las penas es desmesurado desde el punto de vista de la proporción".

Para el PNV, "los principios d intervención mínima y seguridad jurídica no se respetan en el resto de las reformas, ni se comprende que las leyes penales no son el mejor instrumento para acabar con lo que es vileza moral o actitudes canallas de ciertos ciudadanos, que se pretenden criminalizar ahora".

Asimismo, señala que "mayores defectos tiene la modificación en materia de menores, que es abiertamente contraria a los principios informadores de la Ley Penal del Menor, según la cual las medidas aplicables deben estar más en funció de la personalidad y las necesidades educativas del menor que del hecho realizado por éste".

IZQUIERDA UNIDA

Por su parte, Izquierda Unida inicia su enmienda con un rechazo total a la violencia. "Cualquier persona de bien, y cualquiera con un mínimo de razón, sabe perfectamente que el problema político de Euskadi no se arregla a base del tiro en la nuca, ni del coche bomba, ni quemando cajeros automáticos, ni autobuses".

"Pero pensamos", agrega, "que esto que está proponiendo el Gobierno con ete proyecto de ley no soluciona nada dicho problema, pues el hecho de endurecer las penas se ha demostrado que no disuade a aquel que delinque" (pone como ejemplo la pena de muerte en Estados Unidos que no disminuye el número de delitos graves).

Por su parte, Eusko Alkartasuna (EA) afirma que el proyecto de ley violenta derechos de los ciudadanos, que teóricamente está intentando preservar. "Nos referimos especialmente a los de los menores de edad y a los nuevos tipos penales que, protegiendo interese dignos de protección, al tiempo deja desprotegida la libertad de expresión, también constitucionalmente amparada".

Según EA, "no se puede legislar, y menos en materia penal, a golpe de coyuntura. Y ello, porque la sanción como único instrumento, una vez superado el primer efecto disuasorio del castigo anunciado se convierte en estéril como política criminal. Antes bien, si afecta a principios eticamente y socialmente aceptados, se torna ley injusta y actua como boomerang, socavando los propios cimienos del sistema penal".

Además, este partido nacionalista dice que "las medidas excepcionales en derecho penal tienen habitualmente una gran fuerza expansiva, de forma que se pueden terminar convirtiendo en regla general, afectando a sectores de población para los cuales no estaban pensadas".

Para Esquerra Republicana de Catalunya, las modificaciones en cuanto a la Ley del Menor "no buscan con carácter prioritario la protección del menor y su reinserción social" sino que en su articulado "prima elprincipio represor" y además adolece de "desproporcionalidad en las penas".

El diputado de Chunta Aragonesista, Jose Antonio Labordeta, expone en su enmienda que las modificaciones a la Ley del Menor "rompen la coherencia interna del nuevo sistema de responsabilidad de los menores, ofrece serios reparos de constitucionalidad y atenta contra la esencia del principio de igualdad y, por ello, puede calificarse de discriminatoria".

Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC) señala que comparte con la inensa mayoría de ciudadanos la preocupación por la sensación de impunidad con la que actúan los violentos, sin embargo afirma que el problema no reside tanto en el arsenal legal, sino en la falta de efectividad a la hora de ponerlo en práctica.

Finalmente, el BNG considera en su enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno que muchas de las medidas que contiene "pueden calificarse de ineficaces; otras, como desproporcionadas en atención a las penas que introducen, y todas dejan entrever una preciptación propia de un Derecho Penal de emergencia o excepción, con el que el BNG no puede estar de acuerdo".