Para el PP, el objetivo de dicha subcomisión será elconocimiento y estudio de la situación actual de los discapacitados y diseñar políticas para garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales.

El Grupo Popular recuerda que, según la "Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999", el 9,5% de la población padece alguna discapacidad, "lo que justifica la necesidad de llevar a cabo políticas encaminadas a lograr su integración".

En opinión del PP, la descentralización debida a las transferencias a las comunidades autónoas, la promulgación de nuevas directivas comunitarias y su consiguiente trasposición, así como el interés del Gobierno por establecer un marco de diálogo sobre las políticas que afectan a la discapacidad, aconsejan la creación de una subcomisión "como cauce de participación de los distintos grupos de la Cámara".

Por su parte, CiU propone en su texto que la subcomisión haga balance de la aplicación hasta ahora de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), "haciendo especial hincapié en el grdo de desarrollo alcanzado por todos los aspectos incluidos en la ley".

Asimismo, quiere que se definan "las posibles líneas de actualización de la misma, en aquéllos aspectos en los que la subcomisión considere que deben ser objeto de reforma".

Finalmente, CiU sugiere que la subcomisión proponga las reformas necesarias en la legislación estatal que afecta a las personas con discapacidad para adecuarla a las nuevas líneas de actuación que se deriven de la actualización de la LISMI.

El grupo atalán especifica en su propuesta que la subcomisión podría recabar la comparecencia de los miembros de la Administración, de autoridades, funcionarios públicos y cualquier otra persona, asociación u organización competente en la materia.

El plazo máximo de la subcomisión sería de seis meses. Sus conclusiones, una vez aprobadas por la Comisión de Política Social y Empleo, deberían ser elevadas al pleno para su aprobación definitiva.

CiU subraya en su exposición de motivos la necesidad de hacer baance de la aplicación de la LISMI ya que, "si bien se han producido avances importantes en la mayoría de los campos, lo que se ha traducido en una mayor calidad de vida de las personas discapacitadas, y en muchos de sus ámbitos se manifiesta plenamente vigente, no es menos cierto que subyacen determinadas carencias y evidentes incumplimientos de la legislación vigente, así como también de insuficiencia de esas políticas".