El pleno de esta semana incluye dos proposiciones no de ley en la que ambos grupos parlamentarios expresan su preocupación por la moción de censura contra el alcalde de Marbella aprobada con los votos de varios de los integrantes de su propia lista, la del GIL.

En su propuesta, el PP reclama al Gobierno que elabore un informe "sobre la situación delAyuntamiento de Marbella, y en qué forma puede afectar esta realidad al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la gestión de los intereses generales".

El PP argumenta que, tras las "graves irregularidades" en la gestión municipal denunciadas por el Tribunal de Cuentas y los conflictos jurídicos provocados por cuestiones urbanísticas, "el pasado 13 de agosto Andalucía ha vivido uno de sus episodios políticos más lamentables desde que se instauró la democracia en España".

"Los ciudadnos han tenido que asistir a una bochornosa moción de censura en Marbella, por las formas y por los métodos, apenas dos meses después de que se constituyera el Ayuntamiento tras las elecciones municipales del 25 de mayo", añade, lo que ha abierto un debate sobre la "excepcionalidad" de esta situación y la posibilidad de aplicar el artículo que permite al Consejo de Ministros, previo informe del Senado, disolver los órganos de corporaciones locales.

No obstante, el PP considera que, "antes de cualquierdecisión, es imprescindible contar con un análisis riguroso sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella", motivo por el que pide al Gobierno que elabore un informe sobre esta cuestión.

Posteriormente se debatirá la propuesta de Izquierda Unida que invita al Gobierno a modificar la Ley de Base de Régimen Local para que el Consejo de Ministros pueda disolver los ayuntamientos en los que al menos la mitad de los miembros a lo largo de una legislatura "no perteneciera a las formaciones políticas con ls que hubiera concurrido ante el electorado".

IU argumenta, en su exposición de motivos, que este caso manifiesta las carencias de nuestro ordenamiento jurídico, cuando al amparo de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional, la composición política de una corporación municipal o la adscripción de sus miembros en un momento determinado de la legislatura es distinta a la emanada de la voluntad popular expresada en las urnas.