El debate llega también en un momento en el que el Gobierno está negociando nuevas medidas de apoyo al sector enmarcadas en el plan de respuesta a la guerra en Ucrania que tiene previsto aprobar el próximo 29 de marzo.

El decreto recoge el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que incluye un total de 20 medidas.

Asimismo, lleva a cabo la transposición de la Directiva europea de trabajadores desplazados incluida en el Paquete de Movilidad, que resulta clave en la lucha contra la competencia desleal de empresas extranjeras y para combatir el fraude en los desplazamientos de trabajadores entre Estados de la Unión Europea.

Las medidas aprobadas incluyen la prohibición con carácter general de que el conductor realice la carga y descarga de la mercancía y soportes en vehículos superiores a 7,5 toneladas, permitiendo excepciones puntuales recogidas en el propio texto.

Además, establece la reducción del tiempo de espera a partir del cual el transportista tendrá derecho a indemnización cuando hace una carga o descarga, de las dos horas actuales a una hora, incluyéndose además una disposición relacionada con el cálculo de las indemnizaciones al transportista por daños ocasionados que impliquen la paralización del vehículo.

Por otro lado, exige la revisión obligatoria del precio del transporte ante la variación del precio del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte, ligado a los índices que se publiquen en la página web de Ministerio.

También regula la incorporación del régimen sancionador vinculado al cumplimiento del paquete de movilidad aprobado por el Reglamento Comunitario en cuanto a tiempos de conducción y descanso y “vuelta a casa del vehículo” cuando hace transporte internacional y el refuerzo de los medios de inspección del Ministerio con medios propios de las Administraciones Públicas para luchar contra la competencia desleal en el sector.

Adicionalmente, se recogen otra serie de medidas ligadas a la mejora de la eficiencia del sector y su sostenibilidad ambiental, en concreto, la necesidad de modificación, en el plazo de 9 meses desde la aprobación del real decreto ley, de determinados aspectos de la normativa de masas y dimensiones.

Por último, establece la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías, que fomente relaciones justas, equilibradas y leales entre las empresas que intervienen en la contratación. Además, se establecerá un Registro Estatal de empresas que lo suscriban.