Esta iniciativa intenta cubrir el vacío que, a juicio de los populares, presenta el derecho punitivo español "en la consideración real de los derechos que asisten a las víctimas de los delitos violentos".

La proposición de ley, que está dividida en cinco títulos y tiene 25 artículos y dos disposiciones finales, obliga al Estado a indemnizar a aquellas personas que fallezcan o quedenincapacitadas como consecuencia de unos hechos que estén tipificados en el Código Penal o leyes especiales.

Asimismo, establece que las indemnizaciones serán fijadas por una comisión instituida en cada Audiencia Provincial, salvo en los casos de daños causados por delitos violentos competencia de la Audiencia Nacional, para los cuales se creará una comisión adscrita a dicho órgano jurisdiccional.

La propuesta del PP señala que "en los casos de víctimas de delitos terroristas o de bandas armadas, as indemnizaciones se incrementarán al doble y la solicitud será cursada de oficio por el Ministerio Fiscal".

Asimismo, insta al Estado a retener al condenado el veinte por ciento de su salario penitenciario "y de cualquier actividad remunerada que realice en libertad, con cargo a la total reparación" de los daños.

Respecto a los plazos marcados para que las víctimas reciban las compensaciones económicas, la ley señala que la comisión deberá resolver los expedientes indemnizatorios antes de que tanscurran tres meses.