Las que saldrán adelante son las del PSOE, entre las que figuran que los empresarios que adquieran productos procedentes de tramas de IVA sean también responsables subsidiarios de este delito tributario, puesto que supone una evasión de impuestos.

Con esta medida, el PSOE pretende atajar la merma de ingresos que provocan los empresarios que se "ahorran" el pago del 16% del IVA o del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

De esta forma, el empresario que adquiera un producto o servicio que no haya contribuido al pago del impuesto será responsable subsidiario. Para ello, el Fisco investigará si el precio de ese bien "es inferior al precio más bajo al que, de forma razonable, puede esperarse de dichos bienes en el mercado".

No obstante, la presunción contenida en el texto del PSOE no será de aplicación si los adquirientes de los bienes demostrasen que el menor precio satisfecho se debe a la existencia de factores económicos distintos a la aplicación del impuesto.

Por otra parte, el PSOE quiere que las escrituras de compra- venta de un inmueble reflejen el medio de pago que se emplea, con el fin de acabar con el pago en dinero negro.

Además de los medios de pago (cheque, efectivo, metálico...), deberá identificarse si el precio se recibió con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura.

RETENCIÓN A AUTÓNOMOS

Con toda probabilidad se incorporará a la ley la propuesta de CiU de bajar del 3% al 0,5% la retención establecida en el proyecto para las facturas emitidas por autónomos. La intención del Ejecutivo con esa retención era evitar la emisión de facturas falsas con el fin de obtener devoluciones de IVA ilícitas.

Otra de las enmiendas de CiU persigue evitar que las retribuciones de los funcionarios y empleados de las Administraciones tributarias dependan, "directa ni indirectamente, del importe de las deudas tributarias liquidadas ni de las sanciones impuestas como consecuencia de sus actuaciones".

"Asimismo, los programas u objetivos de las administraciones tributarias no podrán atender a la obtención de determinados resultados referidos al importe de tales deudas o sanciones", agrega CiU.

Los nacionalistas catalanes quieren, además, un mejor trato, con una reducción de los recargos del 25%, para las regularizaciones voluntarias de los contribuyentes a través de declaraciones extemporáneas, que en caso de que la regularización se haga por la actuación de la Administración tributaria.

BILLETES DE 500 EUROS

Enmiendas significativas son también algunas presentadas por el PP, como la referente a crear un registro de contribuyentes con deudas tributarias o un censo de poseedores de billetes de 500 euros.

El PP quiere instar al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses al Congreso un estudio sobre la posibilidad de crear un registro de contribuyentes con deudas tributarias. Dicho estudio debería analizar el procedimiento y los requisitos para acordar la inscripción en el registro, incluyendo la comunicación al interesado y la posibilidad de satisfacer las deudas pendientes.

Otra enmienda del PP aboga por la elaboración en el plazo de seis meses de un estudio sobre cuál es el nivel de fraude existente en la actualidad en España y en qué sectores se encuentra localizado con mayor intensidad. Partiendo de este estudio, se elaboraría un plan de medidas urgentes para combatirlo, acompañado de los medios presupuestarios que sean necesarios.

Asimismo, los populares instan a habilitar en el plazo de seis meses "las medidas necesarias para poner a disposición de la Agencia Tributaria un censo de personas físicas o jurídicas que reciben o entregan billetes de 500 euros", que, según los últimos datos del Banco de España, ya superan los 100 millones de unidades en España.