El decreto se aprobará previsiblemente con su actual redacción y no habrá tramitación parlamentaria del mismo como proyecto de ley. La norma está en vigor desde el pasado 4 de noviembre, aunque es preceptivo que reciba el visto bueno del Parlamento.

El objetivo del Gobierno es que el 31 de enero se dé por concluido el proceso de compensación a los sindicatos por el patrimonio sindical que les fue incautado por el franquismo.

El decreto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 28 de octubre y modifica la ley de 1986 en la que se regulaba, entre otros aspectos, la devolución del patrimonio sindical.

La decisión del Ejecutivo ha causado un hondo malestar en Comisiones Obreras, que ha reclamado al Gobierno la derogación de la norma por entender que la cuantía del dinero a devolver a UGT, que puede superar los 150 millones de euros, supone una distorsión en el proceso de diálogo social y en las elecciones sindicales del próximo año.

El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, confía en que el decreto no sea convalidado hoy por el Congreso, tras las reuniones mantenidas durante los últimos días con los distintos partidos políticos. Sin embargo, el Gobierno espera obtener los apoyos necesarios para que la norma sea convalidada.