El decreto fue defendido por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, quien destacó que se pretene fomentar la permanencia de trabajadores en el mercado laboral favoreciendo a las personas mayores que quieren seguir trabajando más allá de los 65 años y a los empresarios que los apuestas por ellos.

Aparicio defendió que la nueva normativa respeta los compromisos a los que llegó el Gobierno con los sindicatos y los empresarios, mantiene el espíritu del Pacto de Toledo y se alinea con las tendencias de la Unión Europea.

En este sentido, insitió, como ya hiciera días atras, en el "binomio peligrso" que suponen para el sistema de pensiones el envejecimiento de la población y la baja natalidad, y confió en que esta normativa ayuda a ampliar la edad real de jubilación, actualmente por debajo de los 63 años.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales recibió las críticas de la diputada socialista Isabel López i Chamosa, el diputado de IU Antero Ruiz y la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, quienes dijeron que la prolongación de la vida laboral va contra el espíritu del Pacto de Toledo.

La maor novedad de la nueva normativa es ampliar el derecho a jubilarse anticipadamente a los trabajadores con más de 61 años que hayan cotizado después del 1 de enero de 1967 (antes les estaba vetada) y acrediten un periodo de cotización a la Seguridad Social de más de 30 años.