La proposición se aprobó con 191 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención, del total de 326 diputados que se encontraban en el hemiciclo en el momento de la votación.

El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Ignacio Astarloa, defendió la enmienda del PP a la propuesta, por la que se modifica el Código Penal, y con la que pretendía mantener la cárcel a la autoridad o funcionario público que convocara un referéndum careciendo de las competencias otorgadas por la Constitución para ello.

En la defensa de las enmiendas de su grupo, Astarloa llegó a pedir a los diputados del PSOE que apoyaran sus enmiendas para garantizar el mantenimiento, en el Código Penal, del citado delito y para evitar que se financie a los grupos terroristas.

"Pedimos que todos los miembros del PSOE que estén en la idea de que no es razonable que se salgan con la suya los que convocan un referéndum de secesión y los que quieran la financiación de grupos terroristas, que reflexionen", arengó el diputado popular.

Insistió en que en el Código Penal deben existir instrumentos para afrontar desafíos como un referéndum ilegal y acusó al PSOE de dejar esta cuestión en una situación de "incertidumbre" con la derogación de estas penas.

Astarloa acusó también al Gobierno y al Grupo Socialista de permitir la "relegalización" de organizaciones que "multiplican el terror".

La diputada de EA, Begoña Lasagabaster, defendió la necesidad de permitir un referéndum en caso de conflicto político y explicó que cuando los problemas políticos no se quieren resolver, ni pactar, ni negociar, deben ser los ciudadanos los que decidan cómo quieren que sea su futuro.

A juicio de la diputada vasca, "si no hay voluntad de negociación y no se quiere hablar, tienen que ser los ciudadanos los que decidan, de forma pacífica, que es lo que quieren".

Gaspar LLamazares, de IU-ICV, acusó al PP de volver al pasado y se dirigió al portavoz del PP para recriminarle, como jurista, que utilizar el Código Penal para solucionar problemas políticos es legislar de forma "insensata y contraproducente".

Además, acusó al PP de haber introducido un delito en el ordenamiento penal en el que "no sólo se restringen las voluntades", sino que también el PP trata de patrimonializar la lucha antiterrorista e intenta hacer ver que el resto de los partidos tienen actitudes ambiguas ante el terrorismo.

Llamazares pidió a Astarloa que, "en su labor de profeta" en todo lo que concierne al problema vasco y a la segregación de España, reconozca que su partido se ha equivocado. El líder de IU recordó a los populares que el debate sobre el Estatuto Vasco se ha debatido en el Parlamento de Vitoria y también en el Congreso de los Diputados, y no ha habido segregación de España ni ha hecho falta recurrir al Código Penal.

"Las discrepancias políticas se solucionan mediante la política, no mediante el Código Penal, y con la negociación y el diálogo", concluyó Llamazares.

La portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, se mostró satisfecha por la retirada del Código Penal de este delito y acusó al PP de haber introducido de forma unilateral esta modificación en el ordenamiento cuando gobernaban, como una ley "ad hoc" dirigida a una "persona concreta", en referencia al "lehendakari", Juan José Ibarretxe.

El diputado de ERC Agustí Cerdá planteó la reforma del Código Penal como una "necesidad y una premisa para la regeneración de la vida democrática" y añadió que también sería una "necesidad democrática" derogar la Ley de Partidos Políticos, que, a su juicio, es "marcadamente antidemocrática".

Cerdá dijo que esta modificación es "un paso tímido" del Gobierno socialista para "restablecer los derechos fundamentales" hurtados en otras legislaturas.

El parlamentario republicano dijo que con la nueva modificación del Código Penal se crea un "nuevo marco de convivencia entre iguales y entre pueblos diferentes". Concluyó que apostar por el PP y por la represión es "apostar por el conflicto", mientras que "ahora se apuesta por la solución".

Finalmente, el diputado del PSOE Alvaro Cuesta arremetió contra el PP por sus referencias a la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y la situación crítica a la que, según los populares, ha llevado el Gobierno el pacto antiterrorista.

Cuesta recordó a Astarloa que el PCTV era legal y estaba debidamente inscrito en el Ministerio de Interior en 2002, después de la Ley de Partidos Políticos, y recalcó que fue legalizado por un ministro de Interior del PP, Angel Acebes.

En el Pacto contra el Terrorismo no se aprecia lealtad del PP, subrayó Cuesta, y recordó a los populares que se estaba debatiendo sobre una reforma penal que introdujo su partido "de forma unilateral", en 2003, lo que era ya un "componente de deslealtad".

El diputado del PSOE insistió en que lo que hoy se deroga es un "delito inverosímil, de tipo imposible".

Una vez que acabe el proceso parlamentario quedará derogado el precepto del artículo 506 del Código Penal que castiga con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara consultas populares careciendo de competencias.