El consenso que todas las formaciones parlamentarias señalaron como imprescindible para modificar una ley "vital" del sistema democrático, se vio frustrado de nuevo en esta sesión por la polémica suscitada en torno a la subvención estatal al "mailing" de los partidos (envío de papeletas de voto al domicilio de los electores).

El PP y el Grupo Mixto rechazaron por distintos motivos el acuerdo alcanzado sobre este punto por el "bloque", según el cual sólo pueden acceder a l subvención aquellas fuerzas que dispongan de grupo parlamentario.

Además, el acuerdo establece que la compensación económica estará supeditada al número de concejales o diputados obtenidos en todas las circunscripciones en que se presente cada partido y no en función de los votos cosechados.

Los populares, por boca de su portavoz Ramón Aguirre, señalaron que con esta fórmula, el PSOE quiere establecer una "UVI" o una "casa de beneficencia" para algunos partidos "con un confuso futuro político", n clara referencia al CDS.

Además, el secretario general del PP, Francisco Alvarez Cascos, manifestó al término de la sesión que unas aportaciones públicas al "mailing" desproporcionadas respecto a la representatividad de algunos partidos "distorsionará notablemente el resultado de los comicios".

Los portavoces del Grupo Mixto Joseba Azkárraga (EA), Luis Mardones (AIC), Joan Oliver (UV) y José María Mur (Partido Aragonés Regionalista) mostraron su rechazo a la iniciativa apoyada por el PSOE, por onsiderar que la subvención al "mailing" debe abarcar a todas las fuerzas políticas que concurren a unas elecciones, tengan o no grupo parlamentario.

El representante de Eusko Alkartasuna fue más alla de la simple manifestación del rechazo a la fórmula fijada y anunció que su formación, a través del Parlamento Vasco, promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra este punto del nuevo régimen electoral.

NUEVA OCASION EN EL SENADO

La mayoría socialista en la Cámara Baja vetó también la mayorparte de las restantes enmiendas presentadas al proyecto de ley por el PP, IU y Grupo Mixto.

Así, no prosperaron las propuestas de los populares para que se responsabilice a la Junta Electoral Central de la elaboración del censo de electores, la institución de la obligatoriedad de las cabinas o la actualización del censo de emigrantes.

Tampoco fue aceptada la enmienda defendida por IU y CDS para que se modifique el sistema de distribución de escaños, a fin de instaurar en España un sistema proporional de reparto de representantes, en contra de lo establecido conforme a la Ley D'Hont.

Tras la "luz verde" dada hoy por el Congreso al proyecto de ley de reforma del régimen general electoral, el texto pasará al Senado para su posterior ratificación en la Cámara Baja.

El PP considera que si el PSOE desea legislar un texto fundamental del sistema democrático mediante el consenso, aprovechará el trámite del Senado para aceptar algunas de las enmiendas que ahora ha rechazado en el Congreso.

a reforma de la actual Ley Electoral, aprobada en 1985, tiene su origen en el dictamen elaborado por la comisión parlamentaria encargada de investigar las irregularidades registradas en las elecciones generales del 29 de octubre de 1989.