La Ley pretende incrementar la práctica deportiva en España y tiene entre sus ejes la igualdad y la no discriminación. Reconoce la actividad deportiva como un derecho e impulsa la presencia de la mujer y el deporte inclusivo. La mayor polémica generada en su recorrido parlamentario es que abre la puerta a que algunas selecciones autonómicas participen en competiciones internacionales.

La norma será una realidad después de que la entonces presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, desvelara en septiembre de 2018 el inicio de los trabajos por parte de un grupo de expertos para elaborar un borrador de anteproyecto de Ley del Deporte que actualizaría la normativa vigente, que data de 1990.

El Consejo de Ministros envió el texto al Congreso el 17 de diciembre de 2021 y la norma será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual entrará en vigor al día siguiente.

La primera Ley del Deporte de la democracia data de 1980 y fue reformada 10 años después, en 1990. Para la tercera han sido necesarias más de tres décadas hasta tener un nuevo texto, que ha dado un empujón final para ser aprobado antes de que termine 2022 con el fin de que España reciba fondos Next Generation de la UE, vinculados a la salida de la crisis de la covid-19.

IGUALDAD E INCLUSIÓN

La Ley recoge la diversidad de la práctica deportiva entre los profesionales y los que no lo son, los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, y los que hacen actividad física de forma ocasional. Además, alude al voluntariado deportivo, el deporte universitario y el deporte en edad escolar, y avanza en la promoción del deporte inclusivo y el practicado por personas con discapacidad.

Entre otras medidas, promueve la integración de todas las personas deportistas (tengan o no discapacidad) bajo la misma federación, obligando que las diferentes modalidades deportivas pasen a englobarse bajo una única federación cuando así lo haya hecho la respectiva federación internacional.

Para estos casos, establece una representación ponderada en los órganos de gobierno de las federaciones integradas. De esta forma, la nueva ley trata de hacer crecer el deporte inclusivo, garantizar la participación de deportistas con discapacidad en competiciones internacionales, consagrar la igualdad de este colectivo e ir de la mano del movimiento deportivo internacional.

POLÉMICA EN EL CONGRESO

Ya en el Congreso se generó una enorme polémica por una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y el PNV, aprobada en el Pleno de la Cámara Baja y que permite por primera vez la participación de selecciones autonómicas en competiciones internacionales de disciplinas con “arraigo histórico y social”.

La enmienda transaccional indica que las selecciones deportivas autonómicas podrán participar en el extranjero si la federación internacional correspondiente contempla su participación “en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social” en la comunidad autónoma o si la federación regional hubiera formado parte de una federación internacional “antes de la constitución de la federación española correspondiente”.

“En tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación autonómica en la federación internacional”, añade.

Sin embargo, la norma fue aprobada el pasado 3 de noviembre con un Pleno del Congreso dividido (166 votos a favor, 158 en contra y 16 abstenciones) porque esa enmienda contentaba a unos grupos, disgustaba a otros y era insuficiente para algunos.

TRAMITACIÓN EXPRÉS EN EL SENADO

Por su parte, el Senado aprobó el pasado 13 de diciembre, tras una tramitación exprés, devolver el texto al Congreso con 35 enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios, entre ellas una del PSOE que incluye la creación del nuevo programa deportivo ‘RETO DE’, que estaría catalogado como acontecimiento de excepcional interés público, se desarrollaría entre 2023 y 2025, y con el que las empresas patrocinadoras obtendrían beneficios fiscales en actividades deportivas en zonas rurales.

Los socialistas argumentaron su propuesta, recogida por Servimedia, en el hecho de que la actividad deportiva, bajo una óptica turística, de promoción territorial, económica y de desarrollo del territorio en las zonas rurales, resulta "de vital importancia" en las últimas décadas para "la fijación de población, creación de nuevas oportunidades de negocio, recuperación medioambiental de espacios abandonados, etc.".

Otras novedades adoptadas en el Senado son que a los deportistas se les reconozca “el disfrute de medidas de especial protección en su derecho a la paternidad, maternidad y lactancia”, y que se considere como infracción muy grave que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales no presenten un informe anual de igualdad entre mujeres y hombres en las competiciones que organicen (lo que supondría una multa de entre 3.000 y 30.000 euros).

Además, la Ley del Deporte da un paso más allá en la igualdad al aludir a las personas Lgtbi+ y recalca que las federaciones autonómicas no estarán obligadas a pagar una tasa económica a las españolas en las que se integren.

APROBACIÓN DEFINITIVA

El proyecto de ley finalizó este jueves su recorrido parlamentario en el Pleno del Congreso de los Diputados con la aprobación de todas las enmiendas del Senado.

Javier Antón, del PSOE, apuntó como progresos del texto algunos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, y la lucha por la inclusión. Sobre este último punto, agradeció al Comité Paralímpico Español (CPE) y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) su “trabajo incansable”. “Estoy convencido de que estos avances en los derechos de los y las deportistas con discapacidad van a ser un referente en todo el mundo”, dijo.

Javier Merino, del PP, adelantó el voto en contra de su grupo parlamentario al proyecto de ley por “la ausencia de un modelo deportivo, descafeinar la Justicia deportiva y la desigualdad en el deporte”, y lamentó que se pudo haber llegado a “un acuerdo histórico”, pero será “papel mojado”. “Intuyo que su vigencia no será más allá de 2025 y que un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo modificará esta Ley del Deporte”, comentó.

Rafael Fernández-Lomana, de Vox, indicó que este jueves era “un día triste” al aprobarse “la peor Ley del Deporte en la historia de la democracia de este país”, y mostró su “rechazo frontal” a la norma por introducir “la ideología de género” y la Agenda 2030 en el sector deportivo, dejar al Tribunal Administrativo del Deporte “casi sin competencias”, permitir que selecciones deportivas autonómicas puedan competir internacionalmente y dejar “absolutamente desprotegidas a las mujeres deportistas” porque “en paralelo” se ha tramitado la ‘ley trans’, que, según recalcó, “permite cambiar de sexo en el Registro Civil, de manera que un hombre puede constar como mujer y participar en competiciones deportivas femeninas”.

Antonia Jover, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, destacó que la nueva norma da “más visibilidad” a las aficiones y las personas Lgtbi, y apoya la reincorporación laboral de los deportistas una vez finalizada la carrera deportiva.