La aprobación del decreto, que ahora será tramitado como proyecto d ley por el procedimiento de urgencia, fue defendida por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, quien se felicitó de que los bancos privados estén preocupados por la competencia que les va a plantear la nueva banca pública.

Solchaga garantizó que la CBE actuará con respeto a las reglas del mercado y sin privilegios, cumpliendo con el marco general de regulación de la banca, especialmente en lo que se refiere a los coeficientes de caja y de solvencia.

ACUMULACION EXCESIVA DE PODER

El portavozdel Partido Popular, José Manuel García Margallo, justificó la oposición de su grupo señalando que supone "acumulación excesiva de poder" en manos del Estado y podría ser utilizado para la concesión de créditos por simpatías políticas.

Ramón Espasa, de Izquierda Unida, reclamó para los sindicatos el 15 por ciento de los puestos del Consejo de Administración de la CBE y pidió garantías de mantenimiento del empleo. Solicitó asimismo que las entidades agrupadas en la CBE sólo puedan ser privatizadas medinte ley aprobada en las Cortes.

Por Minoría Catalana, Frances Homs puso en duda que la CB vaya a hacer un competencia "lícita" y sin coeficientes privilegiados a la banca privada. Añadió que está claro cual será su objeto social ni las exenciones que recibirá por las plusvalías generadas en el proceso de concentración.

El PNV abogó por la participación de las comunidades autónomas en la CBE y el CDS también instó al Gobierno a regular su actuación para que la banca pública no haga competencia deseal a la privada.

En el turno de réplicas, Solchaga aseguró que la CBE no sólo no perderá empleos sino que dispone de margen para crear un número "importante" de ellos, ya que tiene menos oficinas y empleados que sus competidores.

Descartó igualmente los temores sobre posibles favoritismos políticos acusando al popular García Margallo de "aficiones a las teorías conspirativas" y de "leer muchas novelas y saber muy poco de esto".