El texto salió adelante por 178 votos a favor, 171 abstenciones y ningún voto en contra. Así, finalmente, pese a que se mostraron muy críticos PP y Vox, no se opusieron frontalmente al texto. Eso sí, el Pleno aprobó, por 344 votos a favor y cinco en contra, que se tramite ahora como proyecto de ley por la vía de urgencia, de modo que los partidos podrán plantear la introducción de enmiendas.

Ello, tras un debate en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró, durante su intervención en el Congreso para defender el real decreto-ley, que el texto tiene mejoras sustanciales para los desempleados, por lo que recriminó que no se aprobara en enero.

“No debería haberse dilatado ni un minuto más su puesta en marcha”, censuró Díaz, para precisar que “hoy, una vez más, esta Cámara puede sentir la satisfacción de avanzar decisivamente en la construcción del Estado social en España”, como mandata la Constitución.

Tras ello, la diputada de Podemos Noemí Santana se mostró crítica con Díaz y le espetó: “Decía usted que ojalá no hubiéramos perdido un tiempo precioso y este real decreto-ley hubiera sido aprobado en enero. Nosotros se lo dijimos al Ministerio: retiren el recorte. Una vez retirado el recorte, cuentan con nuestro voto a favor. Ese era nuestro compromiso y hoy lo hemos cumplido. Si ustedes han tardado meses en darse cuenta que el recorte existía, pues problema de ustedes”.

Más allá de las diferencias entre Sumar y Podemos, Díaz, en clara alusión al PP, criticó a “quienes se llenan la boca” de defender la Carta Magna pero no se fijan en desarrollar su parte social. “Me reivindico constitucionalista”, añadió Díaz, quien exigió “poner fin a esa suerte de constitucionalismo a tiempo parcial”. Además, afeó que defiendan a la agricultura mientras no apoyan este texto, que mejora su subsidio en situación de desempleo.

La vicepresidenta segunda insistió en que el subsidio “no es una paguita”, sino un derecho, y contradijo las tesis que, a su juicio, desde la “derecha” sostienen contra estas ayudas. Para la ministra, está probado “científicamente” que cuanta mejor protección se da a los desempleados, más fácil es la vuelta al mercado laboral.

Además, lanzó al PP que “su gestión no es mejor” que la que hace su Ministerio ahora, porque con menos protección, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estaba en situación de déficit, frente al superávit de 6.000 millones de euros en la actualidad.

RECHAZO ANTERIOR

En enero, el texto no pudo ser convalidado porque Podemos, que por entonces estaba en proceso de salida del Grupo Parlamentario de Sumar, alegó que contenía un “recorte” en la pensión futura de los desempleados mayores de 52 años y, tras no ser convalidado, Yolanda Díaz abrió una negociación con los agentes sociales para tratar de pactar el texto con sindicatos y patronal. En mayo, Díaz cerró un pacto con UGT y CCOO, del que se descolgó la patronal, aunque Díaz le dio las gracias también a la parte empresarial por sus aportaciones, que han mejorado “sensiblemente” la reforma.

La reforma del subsidio es un hito del Plan de Recuperación ligado al cuarto desembolso de los fondos europeos, unido a un plazo que España no pudo cumplir y que hizo que la Comisión Europea tuviera que ampliar dos meses dicho período.

En concreto, se trata del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Además de la transposición de la citada directiva, el decreto contiene también la superioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos cuando las condiciones sean mejores que la de los estatales. Esta era una reivindicación del PNV a cambio de su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto sindicatos como patronal han criticado que la medida se haya adoptado sin diálogo social.

El texto también abre la composición del Consejo Económico y Social (CES) a sindicatos y patronales representativas del ámbito autonómico, un aspecto que valoró positivamente Junts en su intervención.

DEBATE

En el debate, el PSOE y Sumar, socios de la coalición de Gobierno, se mostraron a favor del texto. Asimismo, Esquerra Republicana mostró también su apoyo y proclamó que las mejoras introducidas en el texto estos meses, tras su rechazo en enero, “demuestra que el parlamentarismo puede ser compatible con el diálogo social”.

El BNG y Bildu celebraron que se dé superioridad aplicativa a los convenios colectivos autonómicos, mientras el PNV puso de relieve que este texto es “un ejemplo” de norma que se debe trabajar “con tiempo” y negociación.

Por otro lado, contra el texto se expresó el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que tildó el decreto de “mercancía averiada”, aprovechando para criticar al Gobierno por ceder a los “chantajes” de los socios parlamentarios. Alertó de que están “mintiendo a los españoles” y lo acusó de construir una “sociedad subvencionada”. Por ello, defendió que “solo hay un camino”, que es “el disenso”, y lanzó a Yolanda Díaz: “La conocemos”.

DÍAZ, FIJA DISCONTINUA

Tampoco mostró su apoyo al texto el PP, cuyo diputado Ángel Ibáñez saludó los avances en protección social y en materia de refuerzo de la conciliación, pero avisó de que es “inaceptable” dar prioridad aplicativa a los convenios autonómicos. “Esa propuesta es infumable en el fondo y en la forma. En el fondo porque supone una ruptura de la igualdad de los territorios y, por tanto, es otra barbaridad más que sumar a todos los desmanes que ha cometido y que quiere seguir cometiendo Sánchez contra la igualdad de todos los españoles”, aseveró.

En la forma, afeó la medida por adoptarla a espaldas del diálogo social. De hecho, parafraseó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien afirma en los últimos meses que Díaz no practica “diálogo social”, sino “monólogo social”.

El parlamentario del PP aprovechó su intervención para cuestionar los datos sobre fijos discontinuos del Gobierno y espetó a Díaz que ahora ella es una nueva fija discontinua. “Porque el otro día, como dimitió un poquito y ya no continúa de momento como líder de Sumar, ha pasado a ser discontinua. Pero eso sí, para seguir disfrutando de su sueldo de vicepresidenta se ha quedado fija y bien agarrada al sillón”, ironizó.

AUMENTO DEL SUBSIDIO

La reforma del subsidio por desempleo establece que la cuantía, vinculada al Indicador Público de Efectos de Rentas Múltiples (Iprem), será del 95% (570 euros mensuales) los seis primeros meses; del 90% los seis meses siguientes y el 80% el resto del período, es decir, los 480 euros actuales.

Eso sí, esta subida del primer año de percepción se aplicaría a los nuevos reconocimientos de este subsidio, no a los anteriores. Igualmente, se mantiene el subsidio para mayores de 52 años en su cuantía del 80% del Iprem.

Para los mayores de 52 años, en la actualidad existe una sobrecotización basada en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI). La reforma que planteó el Gobierno incluía mejoras como la ampliación de colectivos protegidos y el aumento de las cuantías de la ayuda, pero contenía una reducción paulatina de ese 25% extra de la base mínima de cotización.

El Ministerio lo justificó porque ya no tenía tanto sentido ante la subida de más del 50% que ha experimentado el SMI en España. Pero Podemos tildó la medida de “recorte” y, en medio de un aumento de la tensión con Sumar, sirvió para que los ‘morados’ unieran sus cinco votos clave a los del PP y Vox.

Ahora, la cotización permanece “sin cambios” con respecto a su regulación actual, lo que los sindicatos valoran positivamente, ya que habían reclamado una “doble condición” para respaldar el texto. Estas eran que hubiera “negociación” y que contara el texto “con garantías” de salir adelante en el trámite parlamentario, según explicó CCOO.

Como novedades tras la fase de negociación, el texto incorpora un subsidio específico para víctimas de violencia machista y la compatibilidad entre la prestación contributiva del desempleo y la vuelta al mercado laboral. Ello se haría desde el mes número 13 de cobro de la prestación, con el fin de que sirva de “incentivo” a las personas que llevan más tiempo paradas para arriesgarse a regresar al mercado laboral. Además, incluirá también un subsidio para emigrantes retornados a España.

También contiene como novedad que quienes tuvieron empleos a tiempo parcial puedan cobrar el subsidio íntegro, ya que lo contrario castiga especialmente a las mujeres, pues son ellas las que más están ocupadas en trabajos a jornada no completa.

El real decreto que fue rechazado ya contenía otras cuestiones como que se reducen a dos los supuestos de acceso general: el subsidio por agotamiento y por cotizaciones insuficientes. Se conserva, además, el subsidio de mayores de 52 años. Asimismo, se unifican los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario, sobre el cómputo recíproco de cotizaciones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea), lo que simplifica los requisitos de acceso y la gestión de estos subsidios específicos.

MEJORA LA COMPATIBILIDAD

También se regula la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena por un periodo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial sin reducción de la cuantía, es decir, seis meses. Del mismo modo, la norma también prevé facilitar la transición hacia la protección social cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral.

Al mismo tiempo, se amplía el acceso al subsidio de agotamiento de la prestación por desempleo, al permitir el acceso a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares y se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación. También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares.

Igualmente, en contra de lo que sucedía hasta ahora, se reconoce el derecho al subsidio asistencial por desempleo a los trabajadores eventuales agrarios y a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.

Del mismo modo, se mejora la accesibilidad, ya que se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud de subsidio por agotamiento y se amplía a seis meses el plazo de solicitud.