El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, defendió su aprobación al asegurar que estas medidas buscan “la protección a la ciudadanía” tras las consecuencias económicas y sociales por la guerra de Ucrania, la prorrogación de medidas para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma e introducir el derecho al olvido oncológico. Se trata de un paquete de medidas cifrado en 3.800 millones de euros adicionales a lo que había invertido el Gobierno hasta ahora.

A pesar de que este decreto no ha obtenido ningún voto en contra, PP, Vox, PNV y Ciudadanos criticaron la forma en la que el Gobierno ha llevado su convalidación porque “esquiva el debate parlamentario en materias de interés” y por tratar cuestiones que “no son urgentes o no tienen carácter extraordinario”.

La principal medida del paquete es la prórroga de la rebaja del IVA, que desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre mantendrá la rebaja del 4% al 0% en el tipo impositivo del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como la reducción del 10% al 5% en el aceite y la pasta. La carne y el pescado vuelven a estar excluidos de la bajada fiscal.

Las rebajas estarán en vigor hasta fin de año, pero, al igual que en el anterior real decreto-ley, el Gobierno ha incluido una vía de escape por si los precios retornan a niveles “razonables” antes de que termine el año. De este modo, la rebaja del IVA se revertirá a partir del 1 de noviembre en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de septiembre, publicada en octubre, sea inferior al 5,5%.

El Gobierno también ha decidido extender la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público en aquellas autonomías y ayuntamientos que aporten parte de la financiación. Así, el Estado bonificará el 30% del coste total, mientras que las administraciones autonómicas y locales tendrán que poner, como mínimo, un 20% adicional.

Asimismo, el séptimo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania establece una deducción del 15% en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de vehículo eléctrico nuevo o la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. Esta desgravación se aplicará durante los dos próximos años y será por un importe máximo de 20.000 euros, siempre y cuando el decreto se convalide.

Por otra parte, se retrasa la entrada en vigor hasta el 1 de enero el derecho a la cotización a la Seguridad Social de los becarios, así como la prohibición del despido en las empresas beneficiarias de ayudas públicas derivadas de la guerra. El real decreto-ley incluye también la transposición de directivas comunitarias, como la de movilidad -en lo relativo a transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas- y la modificación de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

En materia de vivienda, el decreto amplía hasta final de año la prohibición de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, y pone fin a la prórroga automática de todos los contratos de alquiler finalizados.