Durante el debate en la Cámara Baja, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que este real decreto responde al cambio estadístico, establecido a finales de 2020 por Eurostat, que obligó a España a incluir el balance de Sareb dentro de la Contabilidad Nacional, lo que provocó un aumento del dato de cierre de la deuda pública de 2020, que inicialmente fue del 117,1% del PIB y, con este cambio, quedó en el 120%.

La vicepresidenta primera señaló que el real decreto responde a “un problema que arrastramos de la gestión que se hizo de la crisis financiera” y que la gestión de la Sareb es “uno de los últimos coletazos de la respuesta que en su día se dio a la crisis financiera”, recordando que su creación e inclusión dentro del sector público “ha resultado en un aumento de la deuda publica en casi 35.000 millones de euros y del déficit en 10.000 millones de euros el año pasado”.

En concreto, recordó que la creación de la Sareb tuvo su origen en la crisis financiera iniciada en 2008 a consecuencia de la “excesiva exposición del sector financiero a la construcción y la promoción inmobiliaria” que afectó a la solvencia del sector. En respuesta a dicha situación, prosiguió, el Gobierno de Mariano Rajoy creó esta entidad que recibió de nueve entidades financieras un paquete de 200.000 activos “problemáticos” que incluían “préstamos de dudoso cobro e inmuebles”, valorados en casi 51.000 millones de euros, y que, a cambio, las entidades que los transmitieron recibieron avalados por el Estado.

De esta forma, la Sareb quedó establecida como la sociedad de gestión y venta de dichos activos con el objetivo de obtener los fondos necesarios para financiar esos bonos, estableciendo 2027 como plazo para lograrlo y fue clasificada como una institución financiera privada, pero el cambio contable establecido por Eurostat hace que ahora pase a contabilizarse en el balance del sector público.

Pese a ello, Calviño destacó que, “gracias al crecimiento económico, a la buena gestión del Tesoro y a las transferencias de fondos europeos durante 2021, hemos logado mantener un fuerte esfuerzo inversor en nuestro país, responder a la pandemia de forma eficaz” y que la ratio de deuda pública sobre PIB comenzó a bajar, de forma que, a falta de que en los próximos meses se conozca el dato definitivo de cierre, anticipó que cerró 2021 por debajo del objetivo del 119,5%.

De esta manera, la vicepresidenta resaltó que “la palabra que mejor sintetiza la gestión en este asunto es ‘responsabilidad’”, ya que el real decreto tiene el objetivo de “responder a las herencias del pasado, gestionar el presente y tratar de encauzar el futuro de la mejor forma posible”.

Así, explicó que “estamos ante una nueva realidad económica y contable que hasta este real decreto no se había reflejado en la gobernanza de la entidad”, ya que actualmente “sigue habiendo una estructura accionarial en la que el Estado tiene una participación minoritaria y las decisiones de gestión se toman en un consejo de administración en el que el Estado no tiene el control”. En este sentido, el real decreto elimina el límite del 50% a la participación del Estado en el accionariado de Sareb, ya que, según afirmó la ministra, “no podemos permitir que decisiones que afectan a nuestras cuentas públicas y nuestra deuda pública se tomen por personas que no representan el interés público”.

Asimismo, la norma también establece limitaciones salariales, de manera que las remuneraciones de los directivos de Sareb se ajusten a los establecidos por la ley del sector público, y también se adapta el régimen jurídico y de supervisión de la Sareb, que no adquirirá la condición de sociedad mercantil estatal y seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado, aunque sí se someterá al régimen de contratación conforme a la ley de contratos del sector público.

Por último, Calviño resaltó que “otro cambio importante” introducido por el real decreto es que permitirá al Gobierno dar relevancia al “fundamental” aspecto social de la entidad en cuanto a su condición de gestor de inmuebles destinados a la vivienda, de forma que “introduce la posibilidad de que la Sareb elabore estrategias de cesión de inmuebles a entidades publicas o entidades no lucrativas”.

PP

En nombre del PP, el diputado Miguel Ángel Paniagua inició su turno de palabra criticando el uso de la fórmula del real decreto ley por parte del Gobierno, tanto por el gran número de normas aprobadas de esta forma como por “colar” en esta ocasión un artículo de normativa laboral y una disposición sobre horarios comerciales. En cualquier caso, el diputado popular indicó el voto a favor de la convalidación de su grupo parlamentario, al considerar que el cambio previsto en la norma “parece lógico”.

Por otro lado, tras las críticas realizadas por parte del resto de formaciones a la gestión que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la creación de Sareb y de la crisis financiera, Paniagua recordó “que la crisis la originó el Gobierno del PSOE, no supo afrontarla el Gobierno del PSOE y dejaron el Gobierno porque no sabían cómo recuperar al país”, mientras que “el gobierno del PP, con mayores o menores aciertos, consiguió salvar a España de una situación terrible y de unas condiciones que hubieran sido muy duras si hubiéramos tenido que acudir al rescate del país”.

En este sentido, el diputado popular defendió que el Ejecutivo de Rajoy “forzó a la banca a provisionar y deshacerse de activos inmobiliarios y créditos de dudoso cobro” y que “se salvó el sistema financiero para salvar a millones de españoles con depósitos en los bancos”. Asimismo, defendió que, “en un ejercicio de optimismo que seguramente fuera lo más adecuado en ese momento, se preveía que no costaría ningún euro a los españoles” mientras que “ahora sabemos que sí, aunque no sabemos cuánto”, ya que “todavía quedan cientos de activos para vender y tiempo para su venta”.

VOX

Por parte de Vox, el diputado Rubén Manso también criticó el uso de la figura del real decreto ley por parte del Gobierno y señaló que su partido no votaría a favor de la convalidación porque “no podemos participar de este asalto a los caudales públicos”.

Además, el diputado de Vox criticó que los activos de Sareb “se compraron desde el principio por encima de su valor razonable” y que, por ello, “esto no es un problema de mala gestión”, sino “un problema de operación mal parida”, denunciando, además, la “penosa gestión del PP, PSOE, IU y sindicatos en las cajas de ahorros”.

UNIDAS PODEMOS

El diputado Roberto Uriarte, de Unidas Podemos, comenzó su intervención señalando que “de aquellos polvos estos lodos” y que “hoy nos toca recomponer toda la vajilla rota de aquella fiesta de tantos años en los que se produjo una utilización masiva de instrumentos públicos en contra del interés general, a favor del interés particular y en contra los mandatos de la Constitución”.

Así, el diputado de Unidas Podemos denunció que la de 2008 “no fue una crisis”, sino “una estafa” y que “es ilegitimo que los poderes públicos permitan que se utilice la vivienda como negocio”, por lo que emplazó al Gobierno a “aplicar de una puñetera vez el artículo 47 de la Constitución” impulsando un parque público de vivienda con el que garantizar la vivienda digna, impedir que la política de suelo fomente la especulación y garantizar que las plusvalías generadas por la acción urbanística de los poderes públicos revierta en la comunidad.

ERC y CIUDADANOS

En cuanto a ERC, su diputado Joan Capdevila notificó la abstención de su formación, al indicar que “asistimos a un nuevo episodio de una serie que podría llamarse ‘El rescate bancario no costará ningún euro al contribuyente’” y considerar insuficiente la apuesta del Gobierno por la labor social en materia de vivienda que podría ejercerse a través de la Sareb. En este sentido, el diputado catalán reclamó “una apuesta por un parque público de vivienda donde se prioricen los criterios sociales por encima de los de mercado” y “el retorno social mediante el uso de todos aquellos activos procedentes del rescate bancario”.

Por Ciudadanos, la diputada María Muñoz Vidal señaló el apoyo de su partido a la convalidación del real decreto, tras criticar que el PP realizó una “treta contable que hoy Eurostat pone en evidencia” y que “cuando el señor De Guindos -entonces ministro de Economía del Gobierno de Rajoy- decía que no iba a costar nada a los españoles era mentira”, ya que “el coste público no recuperado aún por el rescate bancario se eleva a 80.000 millones, 45.000 millones del FROB y 35.000 millones de Sareb”.

En esta línea, la diputada de Ciudadanos afirmó que “es desolador que diez años después tengamos que estar debatiendo este decreto” y que “es una mala noticia para nuestra economía y para los ciudadanos”. Así, se dirigió a la bancada del PP para echarles en cara que “este desastre, de este banco malo, es por su irresponsabilidad”, para posteriormente añadir que “eso no quita que debamos pedir responsabilidad al Gobierno”, porque “llevan tres años” y “la excusa de la herencia recibida no cuela”. “Esperamos y deseamos que tengan un plan de actuación para la Sareb”, indicó, para concluir que, “ya que pagamos todos esta fiesta, sería inaceptable que el PSOE la usara como agencia de colocación de sus amiguetes”.

PNV Y BILDU

Por su parte, Idoia Sagastizabal, diputada del PNV, aseguró que esta cuestión es “una herencia a la que cualquiera quisiéramos renunciar, porque es la historia de un despropósito y mira a ese pasado que no queremos recordar”. Así, recordó que la creación de Sareb fue, según el Gobierno de Mariano Rajoy, “una operación que no nos iba a costar dinero” y ha terminado siendo “una sociedad ruinosa con el aval del Estado”. Sagastizabal anunció el voto favorable del PNV al considerar “adecuado” que el Gobierno asuma la propiedad, pero reclamó “transparencia” al Ejecutivo y que este “aclare la estrategia a seguir para una gestión profesional y eficiente” de Sareb.

Asimismo, lamentó el “fracaso estrepitoso de la Sareb”, con “pérdidas en todos sus ejercicios” y “su mala gestión, que ha consistido en una patada hacia adelante” que conlleva que “ahora toda la responsabilidad va a recaer en las arcas públicas”, para acto seguido considerar que “al Gobierno le ha tocado gestionar esta mochila heredada que, una vez más, supone una socialización de pérdidas para la ciudadanía” mientras “los bancos mantendrán los créditos fiscales” con los que descontarse las pérdidas de esos años del Impuesto de Sociedades de los próximos ejercicios.

Por último, el diputado de Bildu Oskar Matute afirmó que este es “el fin de un triste periplo para el Estado español” y que “entre todos y todas nos tragamos el sapo de este caminar agónico y este despilfarro que ha supuesto para las arcas publicas tener que sostener la avaricia y la codicia de unos pocos, que son aquellos que decidían hacer de las cajas de ahorros poco menos que plataformas o ‘start-ups’ para su propio lucro personal”.

Así, el diputado vasco indicó que su formación no votaría a favor de la convalidación porque hacerlo “sería cerrar los ojos ante una gestión desastrosa” y que, aunque pueda ser responsable asumir las deudas, la situación podría resumirse también con el término “pagafantas” por la “socialización de pérdidas y privatización de beneficios” mientras “los beneficios de la banca se han seguido disparando” y las entidades financieras despiden a miles de trabajadores.