En la presentación del real decreto, el ministro de trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pidió a los grupos que no modifiquen sus principales elementos durante la tramitación parlamentaria, al considerar que este acuerdo constituye "un activo fundamental para la sociedad española y debe ponerse en marcha cuanto antes".

Caldera destacó que este decreto surge de "un consenso de importancia extraordinaria y muy poco común en Europa" y aseguró que "garantizará la paz social y la moderación salarial".

Según el ministro, el acuerdo conseguirá reducir la precariedad laboral y acabar con la temporalidad mal entendida y mal aplicada, promocionando el empleo estable.

Afirmó que el decreto "da respuesta a millones de proyectos de vida de muchos trabajadores que estarán mucho mejor con un contrato estable que con uno temporal, porque el Gobierno está convencido de que el crecimiento estable se debe basar en el empleo estable y de que el desarrollo de la calidad se debe basar en el empleo de calidad".

El portavoz de Trabajo del PP, José Eugenio Azpiroz, calificó el decreto ley como "una reforma temporal sobre la temporalidad que no responde a las expectativas surgidas tras tanta negociación".

Sin embargo, Azpiroz valoró la importancia que tiene un acuerdo social de estas características para la sociedad española, y más cuando el PSOE "ha desandado el camino recorrido por el Gobierno del PP en la reducción de la temporalidad".

Entre las cuestiones no abordadas a su juicio por el acuerdo, el portavoz popular destacó la ausencia de medidas para fomentar la flexibilidad del mercado de trabajo, para reducir la temporalidad en las administraciones públicas y para luchar contra la siniestralidad laboral.

DISCAPACITADOS

Por ello, Azpiroz pidió que el real decreto sea "ampliamente modificado", especialmente en lo que se refiere a las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad.

Según el representante popular, la reforma prima los contratos de escasa cualificación para personas con discapacidad, al ofrecer a los empresarios una bonificación fija de 3.000 euros, que no se incrementa en relación a la cuantía del contrato ofrecido a la persona discapacitada.

Según Azpiroz, este acuerdo "penaliza la inserción de los colectivos más desfavorecidos, que quedan abocados a contratos de muy poca calidad, y supone una regresión en la integración en el mercado laboral de las personas discapacitadas".

El portavoz de CIU, Carles Campuzano, coincidió con el PP en considerar esta reforma como perjudicial para las personas discapacitadas y pidió que se modifique el decreto ley para implementar medidas que mejoren la productividad, puesto que "España se encuentra a la cola de la OCDE en este aspecto".

Gaspar Llamazares, de IU, calificó la reforma de "insuficiente", por priorizar el poder de la empresa frente al diálogo, tras una década de crecimiento económico que no se ha traducido en la mejora de la calidad del empleo, y acusó al Gobierno de mantener una actitud pasiva frente a la patronal.

Algunos puntos de la reforma ya llevan varios días en vigor, en concreto desde el 15 de junio, tras publicarse el decreto en el Boletín Oficial del Estado. Son los referidos, por ejemplo, a la lucha contra el encadenamiento de contratos, una mejor regulación de la subcontratación o la limitación de la cesión de trabajadores de unas empresas a otras.

Sin embargo, hay cuestiones que no estarán en marcha hasta el 1 de julio, caso de todo lo referido al plan de choque contra la temporalidad, con el que se pretende convertir a un millón de temporales en indefinidos, la rebaja de cuotas de desempleo por los trabajadores fijos o la del Fogasa.