El informe, que deberá ser votado por el pleno de la Cámara Baja, fue aprobado por unanimidad de todos los miembros de la Comisión, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

El suplicatorio fue solicitado por el Tribunal Supremo después de las actuaciones realizadas por la Audiencia Provincial de Tarragona, a raiz de un presunto delito de tráfico de influencias en la concesión de una licencia para instalar un lavado de coches.

Joan Miquel Nadal presentó el pasado martes las alegaciones que consideró oportunas después de que la Mesa de la Cámara rechazara su petición de ampliar el plazo abierto.

El alcalde de Tarragona pidió esa ampliación para que la Mesa reclamara al Supremo los documentos que faltaban del conjunto de actuaciones realizadas por la Audiencia Provincial de Tarragona, ya que de los 53 enunciados sólo remitió 32.

Sin embargo, en su reunión del pasado martes, la Mesa rechazó esta petición por mayoría al enender que el Tribunal Supremo no está obligado a remitir toda la documentación, sino sólo la necesaria, para lo cual se basaron en una ley de 1912.

Así, Nadal presentó la totalidad de sus alegaciones el mismo martes y, tras su estudió, la Comisión del Estatuto del Diputado redactó hoy un informe favorable a la concesión del suplicatorio, que será votado en el pleno del Congreso.