En consecuencia, el Tribunal Supremo podrá continuar con las investigaciones iniciadas por la Audiencia Provincial de Tarragona sobre un presunto delito de tráfico de influencias en la concesión de una licencia para instalar un lava-coches.

De esta forma, el pleno del Congreso respaldó, en una votación secreta celebrada a puerta cerrada, el dictamen redactado por la Comisión del Estatuto del Diputado, que resultó favorable a la concesión del sulicatorio.

Este escrito se redactó después de que la Mesa de la Cámara rechazara la petición de Nadal de solicitar al Supremo los documentos que faltaban de las actuaciones realizadas, ya que entendía que algunos de ellos no habían llegado al Congreso.

El órgano de Gobierno de la Cámara entendió que el Alto Tribunal había remitido todos los documentos necesarios, por lo que decidió continuar el trámite de concesión del suplicatorio, que ha concluido hoy con la concesión.