Esta firma electrónica permitirá, entre otros aspectos, ratificar las operaciones realizadas a través de Internet, hacer más seguras las transacciones comerciales y permitir al ciudadano relacionarse con la Administración con total eficacia jurídica, como si se personara directamente en los centros oficiales.

Así, a través del ordenador, el ciudadano podrá obtener documentos como el carné de identidad, de conducir, el pasaporte certificados de nacimientos, fallecimientos o penales, entre otros, sin necesidad de moverse de su casa.

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, destacó que la nueva ley fomentará "de forma extraordinaria" el comercio electrónico en España, con una previsión de que se llegue a unos 250.000 millones de pesetas de transacciones anuales.

Los usuarios tendrán una tarjeta en la que está contenida su firma electrónica. Estas tarjetas serán controladas por las entidades de certificación, que acturán al modelo de notarios, y que, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, vigilarán la corrección de las transacciones.

La nueva normativa contó con el rechazo del Grupo Socialista y del Grupo Mixto. La diputada del PSOE María Teresa Fernández de la Vega arremetió contra el Gobierno por la prisa en aprobar este decreto sin haber atado todos los cabos jurídicos y técnicos de la utilización de la firma electrónica.

De la Vega acusó al Gobierno de utilizar a los usuarios españoles como "cobaas" con la firma electrónica y recordó que este sistema aún no está aprobado en otros países del ámbito europeo, por las dificultades que conlleva.

Sin embargo, la ley contó con el respaldo de CiU, PNV y Coalición Canaria, grupos que alabaron la rapidez de tramitación de este proyecto y se felicitaron de lo "novedoso" que es y del importante paso que supone en la implantación del comercio electrónico.