La iniciativa reclama la actualización y adecuación de los "incentivos, ayudas y subvenciones" a la creación de empleo para minusválidos, y pide la elaboración de un censo de ámbito estatal de personas con deficiencias, "que permita actualizar los datos de la Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías del Instituto Nacional de Estadística de 1986".

La puesta en marca de campañas de información para promocionr la inscripción de los minusválidos como demandantes de empleo en las oficinas del INEM es otra de las peticiones de IU, grupo que también demanda la configuración de un registro de trabajadores discapacitados.

La portavoz de IU en la comisión, Presentación Urán, recordó que la Constitución Española reconoce el derecho y la obligación del trabajo de todos los españoles, aunque los discapacitados padecen problemas de marginación en su integración en el mercad laboral y tienen que enfrentarse frecuentemente a dificultades relacionadas con las barreras físicas o el transporte.

Igualmente, puso de relieve que, según datos recogidos en el informe del Consejo Económico y Social de 1994, la tasa de empleo de la población general es del 47,5 por ciento, mientras que la de personas con discapacidad se reduce al 24,7 por ciento.

RECOMENDACIONES

Diversos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) insisten también, segú explicó la parlamentaria de IU, en que el nivel de paro de las personas con discapacidad no debe ser superior al del conjunto de la población activa.

La Comisión de Política Social y Empleo aprobó una enmienda del Grupo Popular para que sea dentro del Plan de Acción para la Integración de las Personas con Discapacidad donde queden incluidas las medidas para facilitar la incorporación de los minusválidos al mercado laboral.

Asimismo, los grupos parlamentarios aceptaron otras dos enmiendas del PSO, una de ellas para que el censo de personas con deficiencias sea elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aprovechando los trabajos ya realizados tanto por el Inserso como por las distintas comunidades autónomas.

La segunda enmienda de los socialistas se refería al impulso y desarrollo de los planes informáticos con los que cuenta la Administración para configurar un registro actualizado de los trabajadores con minusvalías.

En nombre del PP, María Seller defendió el principio d integración laboral como el medio "más idóneo" no sólo para romper las barreras, sino para producir una integración social real de las personas con discapacidad.

SENSIBILIDAD

En este sentido, indicó que el Gobierno, "sensible ante esta realidad social", ha anunciado la presentación del Plan de Acción para la Integración de las Personas con Discapacidad y la readacción de una Ley de Defensa Jurídica de los Derechos de los Minusválidos.

Por su parte, Elvira Cortajarena, portavoz del PSOE, se felcitó por la iniciativa legislatuva presentada por IU, al tiempo que puso de relieve que durante los últimos 13 años de gobierno socialista se han impulsado medidas para favorecer la inegración laboral del colectivo de los discapacitados.

María Jesús Aguirre, del PNV, aludió a los esfuerzos realizados por el País Vasco para favorecer la integración social de las personas discpacitadas, para lo cual han sido destinados recursos económicos "importantes".

María Amorós, de CiU, dijo que los incentivosque se puedan conceder a las empresas no son garantía de que se creen puestos de trabajo. "El verdadero incentivo que tiene un empresario a la hora de contratar a un trabajador, disminuido o no, es la formación y la capacitación que tiene este empleado hacia el lugar de trabajo que se le da", concluyó.

En su opinión, las ayudas deben ir encaminadas a la formación y a la especialización "en el más alto grado" del colectivo de los minusválidos, "que puede optar a altos lugares de trabajo, precisamente pr esta especialización".