Entre las diversas propuestas de resolución presentadas a raíz de las memorias 2005, 2006 y 2007 sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, la del pacto fue la que aglutinó el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

El primero en intervenir en el debate parlamentario de hoy fue el diputado de CiU Jordi Jané, para quien hay una "insatisfacción social y ciudadana" con el funcionamiento de la justicia que obliga a actuar. Episodios como el "caso Mari Luz", añadió, han demostrado una falta de coordinación judicial y que los recursos existentes "se han gastado mal".

Para sacarla adelante, defendió, hay que hacer un Pacto de Estado que englobe al conjunto de grupos parlamentarios, desarrollar las previsiones de los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados en el ámbito del Poder Judicial, implantar el uso de las lenguas oficiales en los tribunales y mejorar y equiparar la retribución de los jueces.

Por su parte, Vicente Ferrer, del Grupo Popular, el Congreso debe determinar si el sistema judicial es sólo un servicio público o un Poder del Estado. En el primer caso, la crisis de justicia es una cuestión de dinero: un problema grave pero no irresoluble.

Si se determina que no es sólo un servicio público, sino un poder del Estado, lo que existe en un problema de confianza en la Justicia que "mina la eficacia del sistema". "Son muchos los ciudadanos en este país que la Justicia no es ciega, que se levanta la venda para ver con quién se la está jugando en cada ocasión", dijo.

Carmen Hermosín, del Grupo Socialista, no compartió la opinión de Ferrer y afirmó que "los ciudadanos confían cada vez más en la Justicia", como demuestra el hecho de que cada vez hay más litigios, pero no hay medios para atender tanta demanda.

MÁS TRANSPARENCIA

El Grupo Socialista propuso hacer más transparente la política de nombramientos judiciales, mejorar los servicios de inspección, dar una atención preferente a los juzgados de violencia de género, intensificar la formación especializada de quienes en ellos trabajan e implantar una red informática integral para que todos los juzgados estén comunicados entre sí.

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Ridao, en nombre del Grupo Parlamenario ERC-IU-ICV,debajo de todas estas propuestas subyace que la "histórica" huelga de jueces "ha hecho temblar como nunca los cimientos" de la Justicia, que se ha hecho "lenta e inoperante" y que está "exigiendo a gritos un cambio de aires".

Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) invocó un Pacto de Estado "pero de verdad, no un sucedáneo", porque a día de hoy no se está garantizando la neutralidad de los jueces desde el CGPJ, donde reina el "intercambio de cuotas" progresistas y conservadoras a la hora de nombrar a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que constituye una "aberración y una politización difícil de evitar".