Julio Padilla, diputado popular y presidente de la Comisión de Política Social y Empleo, en la que se ha enmarcado esta subcomisión, se encargó de presentar las conclusiones de este grupo de trabajo, y subrayó que "hemos de ser fuertes y mejores" para asegurar que todos los ciudadanos tengan lasmismas posibilidades de ejercitar sus derechos.

A su juicio, los poderes públicos tienen un papel relevante para que la "conquista" de los derechos de las personas con discapacidad no convierta en una mera declaración "retórica" que este colectivo no pueda ejercer por razones ajenas a su voluntad.

La portavoz del PP en la subcomisión, Gloria Martín Vivas, resumió las propuestas formuladas, en materia fiscal, de formación, de empleo, de accesibilidad, de atención a las grandes discapacidades, de ivestigación y prevención, o de jubilación anticipada; cuestiones que permiten "avanzar sustancialmente".

Martín Vivas se mostró satisfecha de las conclusiones aprobadas, y opinó que los votos particulares "no tienen excesiva argumentación", pues habla de cuestiones que ya están incluidas en las líneas del informe o abordadas incluso en otras normas.

Iratxe García, representante socialista en esta subcomisión, se felicitó de la interlocución que entre los distintos grupos parlamentarios en estos tabajos, en los que el sector de la discapacidad tenía muchas expectativas, y agradeció la "flexibilidad" del resto de los partidos, especialmente del PP, actitud que "ojalá tuviera en cuenta el Gobierno".

Subrayó la necesidad de poner en alza valores, como el del consenso, "que dignifican la actividad política", pero indicó que el PSOE mantiene una posición crítica en esta materia por lo que considera una escasa voluntad del Gobierno para desarrollar las disposiciones incluidas en la Ley de Integració Social de los Minusválidos.

"Se debería haber ido mucho más allá, haber aprovechado la oportunidad de hacer frente a muchas necesidades" en materia de derechos, empleo, acceso a los servicios públicos, así como apoyar estas medidas con el esfuerzo presupuestario suficiente, algo que, en su opinión, no ha hecho el Gobierno.

DERECHOS, NO CARIDAD

El portavoz de Política Social de CiU, Carles Campuzano, recalcó que el gran reto es hacer posible el dejar de hablar de caridad y empezar a abordar la gualdad de las personas con discapacidad en clave de defensa de los derechos de la ciudadanía.

A su juicio, este informe marca una "hoja de ruta" que, aunque es positiva, en algunas cuestiones se debe ir "más allá de ese consenso que hemos podido hilvanar", en el sentido de promocionar un modelo social avanzado que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El voto particular incluye medidas de educación y formación, basadas en el "modelo de escuela inclusiva"; en materia de emplo, pues pese a la creación de puestos de trabajo hoy España "continúa a la cola de la Unión Europea en este ámbito, con lo que es necesaria una "reflexión a fondo"; en lo relativo a la fiscalidad y en la necesidad de que se cree una comisión permanente en el Congreso.

El portavoz de Política Social y Empleo de IU, Antero Ruiz, se felicitó de que este trabajo "nos ha permitido conocer el mundo real de la discapacidad, los colectivos a los que nos estamos dirigiendo, y los problemas que viven estas persnas", así como trabajar por consenso y hacer posible un informe como el que hoy se aprueba.

Explicó que no presenta un voto particular porque se daría por satisfecho si las conclusiones aprobadas se cumplen en la legislatura, pues actualmente hay múltiples disposiciones normativas que no se ponen en práctica.