Tras su paso por el Senado, el PP, apoyado por su mayoría en la Cámata Alta, introdujo algunas modificaciones al texto que finalmente fueron rechazadas hoy por la mayoría del PSOE en el Congreso.

La reforma fiscal supone en su primer año de vigencia devolver a empresas y particulares más de 4.000 millones de euros. Las empresas se beneficiarán desde el 1 de enero de un tipo impositivo del 25% (para las pymes) y del 32,5% para las grandes empresas, que bajará al 30% a partir del 1 de enero de 2008. En compensación, pierden gran parte de las deducciones fiscales de las que ahora se benefician.

En cuanto a la reforma del IRPF, el ahorro para los contribuyentes es de unos 2.000 millones de euros, al elevarse el mínimo exento y modificarse algunos tramos del impuesto. El número de tramos pasa de cinco a cuatro, quedan el mínimo en el 24% y el máximo en el 43%.

Se eleva la tributación del ahorro, que pasa del 15% al 18%, aunque se introduce una ventaja para los pequeños accionistas, ya que los 1.500 primeros euros de dividendos no tributarán.

En su paso por el Senado, el PSOE introdujo una enmienda que permite que la transformación de capitales en rentas de los seguros de vida o invalidez no tenga consecuencias tributarias para los contribuyentes y que la tributación se produzca cuando se perciban las rentas.

También salió adelante otra medida para que las aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, efectuadas por terceras personas, conlleven una reducción de la base imponible del aportante de hasta 10.000 euros.

La reforma fiscal introduce, asimismo, importantes modificaciones en planes de pensiones, ya que el importe sujeto a deducción se reduce notablemente, aunque se amplía a nuevos productos, como los seguros de dependencia. Además, desaparecerá la reducción del 40% cuando la aportación realizada al plan se rescate de una sola vez.

DERECHAZO FISCAL

En el debate del texto, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó de "derechazo fiscal" la reforma impulsada por el Ejecutivo, que es el "fruto amargo de la socioconvergencia" entre el PSOE y CiU.

"España no necesita una reforma fiscal por la cual la presión fiscal gravite sólo sobre los asalariados con las rentas medias, ni que las empresas paguen menos", denunció Llamazares.

En su opinión, si el Gobierno hubiese apostado por una reforma con tintes sociales se habría posibilitado, por ejemplo, que el tiempo para la puesta en marcha de las medidas que contempla la ley de dependencia se redujese a la mitad, o un sistema de salud más eficiente.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Economía y Hacienda, Francisco Utrera, lamentó que esta "triste" y "parcial" reforma salga adelante, al tiempo que auguró que no servirá para "dinamizar" la economía española.

Por contra, el portavoz parlamentario de CiU en esta materia, Josep Sánchez Llibre, calificó la reforma como "positiva" globalmente, si bien reconoció que han quedado cuestiones pendientes que el grupo tratará de recuperar.

"Se trata de una fiscalidad moderna y competitiva que beneficiará a empresas y a familias y, sin duda, esto revertirá en la generación de empleo", señaló Sánchez Llibre.

FRAUDE FISCAL

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó también hoy definitivamente la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su posterior entrada en vigor a principios de 2007.

Entre las medidas fundamentales figura la obligatoriedad de que las escrituras públicas de compraventa de un inmueble incluyan los medios de pago, así como la referencia catastral, con el objetivo de evitar los pagos en dinero negro.

Además, la referencia catastral de la vivienda tendrá que aparecer en los contratos de arrendamiento y en los de suministro de energía eléctrica, con el objetivo de descubrir los alquileres no declarados.

Por otra parte, ha sido rechazada finalmente la enmienda que proponía hacer responsables subsidiarios de un delito de fraude a aquellos empresarios que adquiriesen productos provenientes de tramas organizadas de fraude por IVA, aunque no fuesen conscientes.