Este decreto, acordado por el Gobierno el pasado día 10, subió el tipo "ad valorem" al 57%, desde el 55,95%, mientras que el tipo específico por cada 1.000 cigarrillos se incrementó en dos euros, hasta los 8,20 euros.

Además, se implantó un tipo mínimo de 1,10 euros por cajetilla para los casos en los que la suma de los dos anteriores no alcance esa cantidad.

El vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, advirtió de que, "mientras los precios de venta no se sitúen en un nivel adecuado a los objetivos indicados, el Gobierno no descarta seguir utilizando los instrumentos de disposición para que lo alcance".

Según Solbes, el objetivo de esta norma es la elevación de los precios de venta para disuadir el consumo, así como el mantenimiento o incremento de los recursos públicos para atender las necesidades del gasto sanitario que soportan las comunidades autónomas.

"España ha ratificado el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco, en el que se reconoce la eficacia de los impuestos como medio para elevar el precio del tabaco y lograr una reducción de su consumo particular entre los jóvenes", explicó.

Por otro lado, Solbes señaló que el decreto corrige la anterior ley permitiendo a los quioscos seguir vendiendo "de forma más ordenada", es decir, a través de máquinas expendedoras.

Por su parte, el Partido Popular criticó al Gobierno por crear "distorsión en el sector del tabaco y en otros sectores" y señaló que este nuevo decreto se "queda a medio camino".

"El Gobierno ha calculado mal", afirmó el portavoz de Hacienda del PP en el Congreso, Francisco Utrera, "y el método utilzado no se corresponde ni con el que la UE establece ni con el de la administración sanitaria".

El PP pidió la tramitación de esta norma como proyecto de ley para corregir las disfunciones que los populares ven en la misma, una propuesta que fue rechazada por el resto de los grupor parlamentarios y tuvo dos abstenciones por parte del Grupo Mixto.

Por su parte, tanto ERC como CiU o Izquierda Verde dieron su apoyo al decreto presentado por el Gobierno, aunque criticaron la "improvisación" del Gobierno a la hora de abordar este asunto.

Desde Coalición Canaria apoyaron la norma y apuntaron que "la autoridad fiscal del Gobierno debe estar por encima de las maniobras especulativas de cualquier sector".