Durante su debate, independentistas y republicanos presumieron de los logros que han conseguido por apoyar la nueva norma que salió adelante con 182 votos a favor (PSOE, Grupo Confederal Unidas Podemos, Grupo Vasco EAJ-PNV y Esquerra) y 157 en contra (PP, Vox, Cs y Grupo Mixto) . Entre los 347 votos recabados hubo 8 abstenciones (Junts y Bildu).

La más explícita en mostrar su satisfacción fue la diputada catalana Marta Rosique (Esquerra Republicana), que enumeró numerosos "ejemplos" de "cómo de útiles" han podido "llegar a ser" con 13 diputados y 14 senadores: "En esta ley hemos conseguido incorporar más de 150 enmiendas". En ellas, repasó que se reconocen "garantías" al derecho de huelga para los estudiantes para los estudiantes, "compatibilizar estudios y asociacionismo", y el "derecho a conocer en sus planes de estudio la lengua de impartición de la materia" para luego "exigir que se cumpla".

La parlamentaria republicana también presumió de sus compañeros de grupo han promovido que se fomenten programas como Erasmus Plus "en catalán" y garantías para el personal universitario que según ella "equiparan derechos de los laborales y los funcionarios". En este punto, subrayó una de las enmiendas que más polémica han suscitado, que los trabajadores laborales "puedan ser también rectores", lo que algunas veces entienden que la carrera al rectorado pase a ser más política que por méritos académicos.

Rosique prosiguió con lo que considera otras aportaciones de los independentistas catalanes a la norma que va a regir el sistema universitario Español: "Garantías para las universidades públicas catalanas"; una financiación "vinculada por fin a la lengua catalana" y que lo estudiantes "puedan analizar y debatir temas de actualidad por ley", punto también polémico porque algunos sectores universitarios consideran que promueve el posicionamiento político de los claustros.

"Conseguimos garantías para el modelo catalán, que es el que nosotros defendemos", presumió, concretándolo en cuestiones referidas sobre la acreditación de calidad y los modelos laboral, de selección y de excelencia en Cataluña. Asimismo, remarcó que "incluso" se han aumentado las competencias y autonomía de las universidades y se refuerzan los centros de investigación catalanes.

"Ahora es trabajo del Gobierno que todo lo que está en la ley se pueda llegar a cumplir", emplazó, como una enmienda que ERC introdujo en el Senado que obliga al Ejecutivo a presentar "antes de que acabe esta legislatura", el estatuto del personal docente e investigador universitario.

"No es nuestra ley ni lo será nunca, por mucho que sea perfecta, la nuestra es la catalana", matizó. "En la raíz de este Estado está un modelo de centralización profundo que nos ha impedido acabar de una vez con la mayoría de funcionariado de las universidades", argumentó.

VALORACIÓN POSITIVA

La diputada del Grupo Vasco, Josune Gorospe (EAJ-PNV) hizo "una valoración positiva" de la ley. "Aunque no es nuestra ley”, dijo “no impide el desarrollo normativo de los distintos sistemas universitarios”, algo que reconoció fue “una de las peticiones” que su grupo hizo al inicio de la tramitación de la LOSU. Además, subrayó, el texto final incorpora "avances" como el refuerzo de competencias del sistema universitario vasco “en el ámbito de cooperación transfronteriza”, la difusión y aprendizaje del euskera en el mundo académico y el “refuerzo” de las agencias de acreditación autonómicas “como agencias europeas”.

Todas estas cuestiones son, a entender del diputado de Vox Pedro Fernández, muestras de la “degeneración política” que muestra el Gobierno. Si los socialistas remarcaron en su intervención haber impulsado más de 100 leyes en esta legislatura, desde el partido de Santiago Abascal se consideran “cien ataques a todos los sectores económicos y sociales de este país”. “¿Para quién gobierna la izquierda?”, preguntó, con el deseo de que “ojalá” esa “degeneración” política “llegue a su fin en las elecciones”.

Precisamente, la diputada del Grupo Popular María Jesús Moro comenzó su intervención dirigiéndose a Marta Rosique y la recordó que la universidad española tiene 800 años. “¿Qué habíamos hecho sin usted?”, la interpeló. Moro repasó las críticas que se han hecho a la LOSU desde distintos ámbitos universitarios y zanjó que es una ley “que no resuelve nada, que complica todo y lo encarece”. “No contenta a nadie”, lamentó.

RETOS DE UNA ÉPOCA

El ministro de Universidades, Joan Subirats, aseguró que ha asumido la demanda de muchas de las universidades que reclamaban una nueva ley, “22 años después de la LOU", dijo, "con un talante inequívoco de diálogo y consenso". "Tengo la convicción de que esta ley permite a las universidades afrontar con garantías los retos actuales de cambio de época".

Para ello, indicó que el compromiso del Ejecutivo es de garantizar una financiación del 1% del PIB para las universidades públicas “en los próximos años”. Y que responda a “retos urgentes inaplazables”, como la emergencia climática, la digitalización, el envejecimiento de la población, las desigualdades, la crisis demográfica y la salud mental, entre otros.

Subirats también destacó que la norma fomentará las microcredenciales y una universidad “más internacionalizada”, además de la “democratización interna”, con más participación, igualdad, “reduciendo la precariedad” y una “carrera estable” y en condiciones laborales “dignas”. “Esta ley está destinada a asegurar buena salud de las universidades”, prosiguió, porque para el ministro “las universidades son y tienen que seguir siendo el faro que proyecte al mundo los valores de Europa”.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) entrará en vigor en el plazo que refleje el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando publique el texto definitivo en los próximos días.