Después de cuatro meses de tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, el texto original remitido por el Gobierno introduce varios cambios. Entre ellos, la mejora en las labores de investigación en el ámbito hospitalario y la creación de una nueva modalidad de contrato indefinido para personal investigador, técnico y de gestión.

Del mismo modo, con esta ley se establece el compromiso de una financiación pública creciente de la I+D+I hasta converger con Europa. En estos momentos, España se sitúa en el 0,58% del Producto Interior Bruto (PIB) y se ha fijado como objetivo una inversión del 1,25% del PIB en el año 2030.

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, destacó que “hace un año asumí mi cargo de ministra con un mandato claro: promover una nueva ley de la Ciencia que estuviera a la altura de nuestros científicos y científicas y este texto responde a esta demanda”.

De hecho, añadió, “esta ley es oportuna y consensuada. Es oportuna porque viene a resolver los problemas más acuciantes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Y es consensuada porque ha sido debatida y mejorada por las organizaciones científicas, empresariales y sociales más representativas del sistema de ciencia, así como por los grupos políticos representados en este Parlamento, por lo que estamos ante un texto que nace del diálogo”.

MÁS DE 600 PROPUESTAS

En el trámite de audiencia pública se recibieron más de 600 propuestas, de las que se incorporaron a la normativa el 85%. “Una de las más relevantes fue el blindaje para que la financiación pública en I+D+I de conformidad con la normativa europea aumente de forma regular hasta alcanzar el 1,25% del PIB en el año 2030”, remarcó Morant.

Además, desde su presentación en el Congreso de los Diputados hace casi cuatro meses, se aceptaron más de 100 enmiendas. Estas propuestas fueron aportadas y pactadas por 12 grupos políticos. Entre ellas, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y apoyada por Unidas Podemos que desliga la inversión en I+D+I de la capacidad presupuestaria de cada momento.

La titular de Ciencia señaló que “estamos ante un texto que refuerza los aspectos sociales de la política científica, tecnológica y de la innovación con nuevos avances en igualdad de género y conciliación protegiendo la diversidad y actuando contra el acoso”.

A esto agregó que es “una ley que considera la ciencia como un bien común incluyendo la participación ciudadana y la divulgación como pilares del sistema y reforzando las políticas de acceso abierto de todos los resultados de la investigación financiada con fondos públicos”.

BLINDAR LA FINANCIACIÓN

En definitiva, es un articulado que blinda la financiación; que ataca la precariedad con un nuevo contrato indefinido y que contempla el derecho a indemnización en los contratos pre y post doctorales además de mejorar las condiciones laborales y perspectivas de estabilización de los investigadores jóvenes y reduce las cargas administrativas en la justificación de las ayudas.

A favor de esta ley se postuló el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Navarro, quien señaló que “hoy nadie entendería que nosotros no nos entendiéramos en el día de hoy para garantizar la inversión en I+D y para asegurar una carrera profesional digna y estable para todo el personal investigador”.

Añadió que “hemos apostado por el personal técnico y de gestión, por los investigadores hospitalarios y por una mejor inversión. Pero gracias a este grupo parlamentario hay carrera profesional para los investigadores hospitalarios con una de nuestras enmiendas”.

En su intervención, el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez destacó que “esta ley va a significar un cambio de rumbo para España y que refuerza el liderazgo de las políticas de I+D+I y que nos va a permitir dejar la década perdida en la que el Partido Popular recortó el 25% de los presupuestos de ciencia”.

Por ello, agregó, “la nueva ley de ciencia responde a tres demandas: mejora la carrera científica y dignifica las condiciones de trabajo de los investigadores; garantiza una financiación pública y estable y reduce la carga administrativa del personal investigador”.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas afirmó que “este dictamen viene con nuestras aportaciones aunque nos hubiera gustado que la reforma hubiera sido más ambiciosa”.

Con esta norma, “se termina con dos grandes problemas: la inseguridad y la inestabilidad de los investigadores en su ámbito profesional y laboral, así como la excesiva carga burocrática de los mismos en su labor”.

Por su parte, la diputada del Grupo Vasco (EA-PNV) Idoia Sagastizabal apoyó la normativa aunque pidió un compromiso. Aseguró que “el texto finalmente aprobado debe ser una ley que ayude al despliegue de la I+D+I pero que no sea un texto para encorsetar. Por ello, espero que esta ley sirva para reforzar el espacio de la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado sin limitar y restringir el ámbito de actuación autonómica”.