Esta ley, que regula el derecho fundamental de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución y que sustituye a una ley de 1964, pretende facilitar y favorecer el asociacionismo en España.

La nueva normativa limita su ámbito a las asociaciones sin fines de lucro, lo que deja fuera de su aplicación a las sociedades civiles, mercantiles, industriales y laborales, a las cooperativas y a las mutalidades.

El texto definitivo aprobado hoy, que tiene carácter orgánico, contó con 195 favorables (PP, CiU, CC y PNV) y 104 abstenciones (PSOE e Izquierda Unida).

POSICION DE LOS GRUPOS

No obstante, el PNV quiso dejar claro en el debate su abstención en la votación de la enmienda del Senado relativa a la prohibición a los poderes públicos de subvencionar a asociaciones que discriminen o que exalten o justifiquen la violencia.

El parlamentario del PNV Josu Erkoreka justificó la abstención e la votación de esta enmienda afirmando que su grupo parlamentario duda de si es acorde con el ordenamiento jurídico sancionar a una asociación que pueda tener miles de asociados "por el hecho de que tan solo uno de sus miembros haya sido condenado por sentencia firme".

Por su parte, el diputado de IU Luis Carlos Rejón dijo que "se ha perdido una segunda oportunidad para hacer una verdadera Ley de Asociaciones", mientras que el parlamentario de CiU Jordi Jané se congratuló por la aprobación de este teto, aunque se abstuvo en una enmienda del Senado relativa al periodo de inscripción de las asociaciones en el registro.

La diputada socialista Leire Pajín explicó la abstención de su grupo en la votación de la ley y lamentó que esta norma no incluya cuestiones básicas, como el derecho de asociación de los extranjeros irregulares y el derecho de asociación con fines no sindicales de los militares.

Pajín reprochó a los populares que "hablen de participación negando la participación. Las asociacione les molestan; cuando discrepan de sus planes, nos les dan valor, porque les niegan la representatividad y la legitimidad, porque son sólo masa de ciudadanos que quieren opinar y decidir, aunque sólo sea un poquito".

Por su parte, el parlamentario popular José Antonio Bermúdez de Castro destacó que "entre todos hemos un buen texto legal, que recoge un marco estable y plenamente constitucional para todas las asociaciones sin fines de lucro que no estén sometidas a un régimen especial, con pleno respetoa las competencias que en esta materia tienen asumidas las comunidades autónomas".

"Una ley trascendente", concluyó, "porque incide en la articulación de las relaciones, cada vez más frecuentes, entre el poder político y los ciudadanos, que demuestran el creciente compromiso de la sociedad civil en coadyuvar en la consecución del interés general".