En su paso por la Cámara Alta, y debido a la ausencia de 23 senadores en el momento de la votación, el texto propuesto por el Gobierno se modificó sustancialmente con la aprobación de algunas enmiendas populares que hicieron que la norma se asemejara bastante a la hasta ahora vigente, al no permitir, entre otros aspectos, la selección embrionaria con fines terapéuticos.

Hoy, en su trámite final en el Congreso, el espíritu del texto definitivo volvió a ser el planteado por el Gobierno, de manera que se permite la selección de embriones con fines terapéuticos y la donación de los embriones sobrantes para la investigación.

La ley permite, "aunque con muchas limitaciones, el diagnóstico preimplantacional para terceros", explicó la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, tras la aprobación de la norma.

Así, continuó, las familias que ahora tengan algún hijo con una enfermedad de origen genético podrán concebir otro que, "sin merma en su salud", pueda ayudar a curar al hermano enfermo.

No obstante, matizó la ministra, esta práctica estará sometida, "caso por caso", a la decisión del Comité Nacional de Reproducción Asistida.

OTRAS NOVEDADES

Otra de las novedades del texto es la eliminación de la limitación a tres del número de ovocitos fecundados en cada ciclo reproductivo, una limitación que "perjudicaba el éxito de estos procesos" y ocasionaba molestias a las personas que se sometían a estas técnicas, señaló Salgado.

Lo que sí se conserva, continuó la titular de Sanidad, es la limitación a tres también del número de ovocitos implantados en cada ciclo reproductivo, para "evitar los partos múltiples".

Además, el texto garantiza la posibilidad de investigar con los preembriones sobrantes, siempre que lo deseen sus donantes, suprimiendo así lo establecido en la norma de 2003.

Por otra parte, señaló Salgado, la nueva ley mejora la seguridad de las personas que se sometan a cualquier práctica de reproducción asistida, al crear un registro de los centros en los que se practican cualquiera de estas técnicas y obligándoles a informar anualmente del trabajo realizado durante los últimos 12 meses y de la tasa de éxito conseguida.

En opinión del Partido Popular, que se opuso a la aprobación del texto, se trata de "una reforma sin justificación clínica ni demanda social", que responde sólo al cumplimiento del programa electoral de los socialistas, según declaró en el debate de la ley la diputada popular Mercedes Roldó.

DISCAPACITADOS

Aunque la nueva ley sí garantiza el acceso de las personas con discapacidad a las técnicas de reproducción asistida que se regulan en el texto, no recoge, en cambio, la enmienda introducida en el Senado que permitía a este colectivo formar parte de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida.

Según explicaron a Servimedia fuentes socialistas, la enmienda no ha sido apoyada porque tampoco forman parte de este órgano otras organizaciones de pacientes.

El texto garantiza la accesibilidad de estas personas al señalar, concretamente, que "la autorización de un centro o servicio sanitario para la práctica de las técnicas de reproducción asistida exigirá el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el capítulo V de esta ley y demás normativas vigentes, en especial, la dirigida a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad".